Por La Asamblea Legislativa recibió la semana pasada una iniciativa del gobierno para aprobar la Ley del Sistema Nacional de Integración, con la que creará la Dirección de Integración, se dedicará al diseño, implementación y ejecución de políticas orientadas a la disminución de la pobreza.
La Dirección absorberá las funciones que actualmente tienen el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFOR) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), según dice el proyecto de ley, el personal será sometido a evaluación para decidir quienes se quedarán en la nueva dirección.
Para llevar a cabo sus funciones, la Dirección tendrá diferentes unidades que se dedicarán a: iniciativas integradoras, formación para el empleo y competitividad, seguimiento, evaluación de impacto y gestión del conocimiento y una unidad operativa.
La máxima autoridad de la Dirección será un director general, nombrado por decisión del presidente del Consejo de la institución. En dicho consejo participará el presidente del mismo (que será nombrado por el presidente de la República), más representantes de los ministerios de Economía, Gobernación y Hacienda.
La Dirección de Integración tendrá a su cargo el diseño, desarrollo, y coordinación del sistema de formación y capacitación integral, en el cual se contemplarán programas impartidos de forma directa o a través de instituciones privadas especializadas, de acuerdo al artículo 28 de la iniciativa.
Los aportes que da la empresa privada se mantendrán tal como lo establece la Ley de Formación Profesional. El artículo 21 establece que las empresas del sector privado y las instituciones oficiales autónomas que empleen diez o más trabajadores están obligados a dar una cotización mensual equivalente hasta el 1 % de su planilla mensual de salarios, mientras que los empleadores del sector agropecuario aportarán hasta ¼ del 1 % de su planilla de trabajadores permanentes, están exentos el pago de cotizaciones de trabajadores temporales.
El artículo 38 de la iniciativa de ley contempla que el personal de INSAFORP “que sea necesario, y tras una evaluación de idoneidad, pasará a formar parte del personal de la Dirección de Integración”.
El artículo indica que para el personal que pase a la Dirección, esta se hará cargo de las obligaciones laborales y demás prestaciones y mantendrán la antigüedad laboral que ya tenían con el INSAFORP, “siempre y cuando el tiempo que laboró haya sido de manera ininterrumpida”.
La propuesta de ley no menciona el actual consejo directivo, donde participan gobierno, empleadores y trabajadores. Este tiene un período de tres años. En el caso del consejo de la Dirección de Integración, únicamente estará el gobierno, sus miembros permanecerán cinco años, según el artículo 8 de la ley presentada.
El gobierno pretende que se transfiera al Ministerio de Hacienda el 50% del total del saldo disponible en concepto de cotizaciones recibidas dentro de la contabilidad y estados financieros del INSAFORP; los ingresos percibidos por cotizaciones del sector patronal al INSAFORP pasarán a disposición del Gobierno para la nueva “Ley del Sistema Nacional de Integración”.
Para este año, el presupuesto de INSAFORP es de $58,650,515, más de $46.1 millones se destinan a los programas de formación profesional. Con la distribución en la nueva ley, la inversión en formación disminuirá al menos $36.1 millones.
De acuerdo a datos del portal de transparencia de INSAFORP, de abril a junio de este año hubo 77,108 participaciones de trabajadores de empresas y jóvenes y población vulnerable, de esa cantidad 37,579 fueron mujeres. Estas participaciones significaron una inversión de $8.6 millones en tres meses.
En 2021 se formó en diferentes capacitaciones a 259,000 personas, con una inversión de $29 millones y para 2022 fueron 335,000 personas capacitadas, con una inversión de $37 millones.
Abogada y defensora de derechos humanos