La reciente iniciativa de ley que el Ejecutivo envió a los diputados de la Asamblea Legislativa, para que sea estudiada y posteriormente aprobada, no posee una justificación técnica para que incluya la disolución de instituciones como el Insaforp o el Injuve, según economistas consultados por El Diario de Hoy.
En este sentido, el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Integración, básicamente, consiste en la desaparición del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp) y del Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), los cuales se integrarían en un nuevo ente que llevará por nombre Dirección de Integración, la cual estará adscrita al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.
Según el documento que contiene la iniciativa, esta dirección se encargará de la prestación de capacitación y formación vocacional, técnica y profesional en sustitución del Insaforp, con la única diferencia de que no tendrá representación del sector empresarial ni de los trabajadores, sino, solo del gobierno.
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Estos cambios, según el economista Rafael Lemus, no indican que sean para mejorar lo que ya hace actualmente Insaforp, una institución que, de hecho, es considerada como eficiente y "que ha estado cumpliendo el cometido que con el sector empresarial y otros sectores", afirma Lemus.
Debido a lo anterior, añade que "la razón (para su disolución), desde un punto de vista técnico, no existe porque no se está buscando incrementar los recursos para Insaforp, ni perfeccionar su labor, sino que ir en otra dirección que no es transformación. Es quitarle dinero y reducir sus operaciones", apunta.
Esto último se suma, en opinión del economista, a que la falta de representación del sector empresarial, y de los trabajadores, permitirá que el gobierno "pueda decidir qué programas de formación y capacitación se van a implementar", algo que, señala, podría dar paso a que se introduzcan otros temas y se dé una "influencia política que en el pasado no había" en esos programas.
Con respecto a los fondos con los que actualmente funciona Insaforp, la propuesta de ley agrega que del presupuesto de Insaforp (el cual fue de más de $46.2 millones solo para los programas de formación en 2023), al menos el 40% deberá destinarse exclusivamente para la ejecución de estos programas, mientras que el 60% restante tendrá “la utilidad y el destino que al efecto se consigne en el Presupuesto General del Estado, de conformidad a las prioridades y necesidades que defina el Ministerio de Hacienda”.
Con respecto a esto, la economista Tatiana Marroquín apunta que "puede que existan otros objetivos detrás de la medida, pero las reformas de ley sin duda redireccionan fondos que antes eran del Insaforp al Ministerio de Hacienda, sin claridad de cuál será el destino final de estos fondos".
Este punto es preocupante porque de esos más de $46.2 millones, la mayoría (más de $41 millones) surgen del aporte de las empresas que realizan para poder acceder a capacitaciones de sus empleados, un aporte que, pese a que se piensa disolver el Insaforp, seguirá existiendo pero ahora manejado por Hacienda.
Por ello, Lemus no considera que la nueva ley sea una mejora a nivel de formación profesional, pues todo "se trata de que el político decida en qué se gasta el dinero en una institución en la que no está participando en la gestión", sino que funciona "con el dinero del mismo sector privado para formar a sus trabajadores".
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Por ello Marroquín también considera que "eliminar dos instituciones y convertirlas en una dirección es sin duda un retroceso institucional a las apuestas por la juventud o la formación profesional" y, además, apunta que "existen algunas inconsistencias entre la naturaleza de estas dos instituciones y la de la nueva Dirección, por lo que parece que es una falta de comprensión de la integralidad de las intervenciones que se buscaban con Injuve e Insaforp".
De acuerdo a datos del portal de transparencia de Insaforp, de abril a junio de este año hubo hasta 77,108 participaciones de trabajadores de empresas, jóvenes y población vulnerable, de esa cantidad 37,579 fueron mujeres. Estas participaciones significaron una inversión de $8.6 millones en tres meses.
Con la distribución en la nueva ley, la inversión que se hará en formación profesional disminuirá al menos en $36.1 millones.