En lo que va del actual gobierno, que ya son cuatro años, las municipalidades en todo el país se han tenido que enfrentar a distintas decisiones que, en el fondo, han afectado el trabajo territorial y, además, el propio desarrollo de esas localidades.
Un análisis que realizó la economista e investigadora de la UCA, Melissa Salgado, sostiene que estos cambios obedecen a una “desregulación” a nivel de los gobiernos municipales, los cuales a su vez tienen implicaciones directas tanto en el aspecto institucional como en el fiscal para las alcaldías.
Un ejemplo de esos cambios es la eliminación del anterior Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes) y la creación de una nueva ley con el mismo nombre pero que garantiza menos fondos para las distintas alcaldías, las cuales los utilizan para obras locales.
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Sumado a esto está la creación de la Dirección de Obras Municipales (DOM) que, según la investigadora, es una institución que ha sido dotada con las funciones y el presupuesto para ejecutar esas obras que deberían realizar las alcaldías pero, en términos prácticos, es algo que no se está alcanzando y, por lo tanto, no está beneficiando a la población de manera directa.
De hecho, estas modificaciones a esas leyes que servían como un soporte para el funcionamiento de los municipios han derivado en que, a la fecha, muchas alcaldías han tenido que suspender programas de becas de estudio o de apoyo a personas en situaciones vulnerables debido a la falta de fondos, algo que se suma a otras características que afectan aún más a los municipios, ahora distritos, más pequeños.
44
Son los que resultaron luego de la reducción que aplicó el gobierno a la cantidad total de municipalidades. Los 218 restantes fueron convertidos en distritos y serán absorbidos.
Esto último tiene que ver con el hecho de que muchos municipios, debido a su densidad poblacional o ubicación, tienen menor captación de ingresos tributarios y menor presencia de empresas que tributan a esas alcaldías, razón por la cual la investigadora los coloca en distintas categorías siendo solo siete municipios los que sí pueden hacerle frente a estos cambios debido al desarrollo económico e industrial que ya poseen.
En este sentido, esta desregulación básicamente ha quitado la capacidad a las comunas de ejecutar proyectos y, por el contrario, se los ha concedido a la DOM, la cual, según Salgado, el gobierno, “en términos prácticos, ha transferido la atribución de las inversiones propias de los gobiernos locales hacia esa institución”, por lo que, entonces, se le ha dado todo un sistema institucional.
Con respecto a las categorías, son los municipios que pertenecen a los niveles más bajos, es decir, los que tienen menos densidad poblacional, menos contribuyentes, menos necesidades satisfechas, y menos empresas que contribuyen al IVA, los que más afectados salen con estos cambios en las leyes relacionados con los municipios.
Debido a esto, el análisis de la investigadora arroja que “esta desregulación está profundizando la desigualdad territorial y, además, hay indicios de que existe una profundización de la exclusión y la pobreza”.
El análisis de la investigadora, no obstante, se trabajó antes del más reciente cambio entorno a los gobiernos municipales, como lo fue la reducción de los municipios de todo el país a solo 44, convirtiendo a los restantes en distritos, aunque Salgado añade que este cambio “no resolverá los problemas fiscales que tienen esos municipios”, algo relacionado a la falta de fondos para ejecutar obras locales.
“Estos cambios están profundizando la desigualdad territorial y, además, hay indicios de que existe una profundización de la exclusión y la pobreza”.
Melissa salgado, economista, investigadora
Municipios están pagando el costo
El economista y exvicepresidente del Banco Central de Reserva, Otto Boris Rodríguez, coincide con las ideas que plantea Salgado en su análisis, y añade que “los municipios están pagando una parte del costo de la inadecuada gestión del gasto público, donde se ha exacerbado el déficit fiscal y la deuda pública”.
En este punto, Rodríguez también considera que algunas medidas como la eliminación del Fodes o la reducción de la cantidad de municipios “puede llevar a una concentración de obras y prioridades en zonas que ya gozan de cierto desarrollo y privilegio de recaudación”, por lo que “los municipios más cercanos a lo rural, tienen las probabilidades de salir más afectados”, apunta.