La presidenta de la Corte de Cuentas, Roxana Soriano, nombró ayer como representante de la institución ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) a María Elena Fermán, a quien una investigación periodística la vinculó el año pasado como esposa de un magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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"En cumplimiento de la Ley de Ética Gubernamental, la Presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Roxana Soriano, juramentó hoy a María Elena Fermán como representante de la Corte de Cuentas de la República ante el Tribunal de Ética Gubernamental”, anunció la CCR.
Una investigación del periódico El Faro reveló en 2022 que Fermán fue nombrada miembro del TEG “a pesar de que la ley lo prohíbe de forma explícita” y que permaneció menos de una semana en el puesto y lo abandonó después de que El Faro hiciera preguntas sobre su nombramiento”.
“Fermán es abogada penalista y se casó el 27 de febrero de 2009 con Miguel Ángel Flores Durel, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, según las partidas de nacimiento de ambos extendida por las alcaldías de San Salvador y Jocoro, a las que El Faro tuvo acceso”, señaló el medio digital. Durel falleció el pasado 9 de julio.
Por tanto, Fermán ya había tenido un primer nombramiento.
El acta para su juramentación establece que Fermán representará a la CCR ante el TEG, del 29 de agosto de 2023 al 28 de agosto de 2028.
Fermán está en los registros como defensora de una exprimera dama condenada por enriquecimiento ilícito.
En octubre de 2017, la exprimera dama de la República, Ana Ligia de Saca, cuando estaba siendo investigada por enriquecimiento ilícito tuvo un cambio de abogados, quienes fueron Miguel Flores Durel y Lidia María Elena Fermán.
Por su parte, el supuesto cónyuge de Fermán, Flores Durel, fue nombrado magistrado de la CSJ en un proceso por la Asamblea oficialista en 2021.
Más recientemente, en mayo de 2021, Fermán fue también una de las dos abogadas que solicitaron al juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador que emita orden de captura contra Muyshondt.
Fermán, junto a otra abogada, solicitaron la audiencia de revisión de medidas, argumentando que las condiciones que dieron lugar a establecer las medidas con el pago de la fianza de $10,000 fueron por la condición de alcalde del procesado, y además se ha conocido que ha comenzado a salir del país, lo cual aumentaba la posibilidad de un peligro de fuga. La jueza del caso lo aprobó.