En un afán de avaricia y aprovechándose del temor de la gente al régimen de excepción, algunos policías están extorsionando a ciudadanos con fuertes cantidades de dinero, a cambio de no capturarlas bajo cargos de pertenecer a pandillas, afirma Ingrid Escobar, directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario, que brinda asistencia legal a familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción, el cual está en vigencia desde el 27 de marzo de 2022.
Según Escobar, los policías que extorsionan aprovechándose del temor de la gente al régimen de excepción “son verdugos directos de la población”, a quienes se les ha olvidado que la Policía Nacional Civil (PNC) fue creada para servir y proteger a la ciudadanía.
Y es que en las últimos cuatro meses de este año se ha conocido de varios casos de agentes policiales y un alto jefe militar quienes, aprovechándose del temor de la gente a ser enviada a prisión, han exigido diversas cantidades de dinero, y hasta favores sexuales, como el caso de un militar de la Fuerza Naval.
“Queremos saber cuántas personas este sujeto o estos sujetos policiales, han remitido (bajo el régimen de excepción) a las delegaciones y que los dejen inmediatamente libres”
íngrid escobar, socorro jurídico humanitario
El más reciente de los casos es el del agente José Wilfredo Caishpal Aguirre, asignado a la División Elite contra Crimen Organizado (DECO), una unidad especial de investigaciones y que, de acuerdo con diversas fuentes policiales, son los mejor pagados de toda la institución policial y con los mejores recursos.
La captura de Caishpal Aguirre trascendió el 2 de agosto anterior. El investigador especial fue arrestado en el sector de un centro comercial.
Un informe de la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez, señala que “... el agente policial cometía las extorsiones a una víctima desde junio de este año, exigiéndole $10,000 a cambio de no ser detenida junto a su familia bajo el régimen de excepción”.
Escobar considera que las autoridades fiscales y judiciales deberían de revisar cada uno de los casos de personas capturadas por Caishpal Aguirre.
“Queremos saber cuántas personas este sujeto o estos sujetos policiales, han remitido (bajo el régimen de excepción) a las delegaciones y que los dejen inmediatamente libres”, afirmó, pues de seguro habrá personas que estarán en prisión o hasta muertas, porque no pudieron pagarle su exigencia económica, añadió.
A tan solo diez días después de que trascendiera el caso del investigador elite capturado por extorsión, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que había ordenado la captura de otros cuatro agentes policiales, a quienes identificó como Manuel Antonio Valencia, Jorge Arturo Ágreda, Ángela Idalia Martínez y Nicolás Edenilson Gómez.
“Según las investigaciones, los elementos policiales realizaban retenes sin autorización en los cuales exigían dinero a las víctimas a cambio de no imponerles una infracción”, informó la Fiscalía, el pasado 12 de agosto.
Sin embargo, de acuerdo con fuentes fiscales y policiales cercanas al caso, no es cierto que esos policías exigieran dinero a cambio de no imponer esquelas de tránsito.
Lo cierto es, aseguran las fuentes, que montaban los retenes para exigir dinero a cambio de no capturar bajo el régimen de excepción.
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Lo informantes dijeron ignorar por qué la Fiscalía matizó la información diciendo que los policías “exigían dinero a cambio de no imponerles una infracción”, e indicaron buscar un tuit de la PNC del 28 de julio, en donde al menos dos de esos agentes habían sido capturados ya por extorsionar bajo el régimen de excepción.
“Capturamos a 4 agentes policiales destacados en Cuisnahuat, Sonsonate. Tras una investigación, se determinó que los 4 retenían a ciudadanos y llamaban a familiares para exigir dinero a cambio de no detenerlos. Se trata de: Nicolás Guzmán Galdámez, Manuel Antonio Valencia, Víctor Francisco Tobar, Jorge Antonio Ágreda, a este último también se le incautó una escopeta y se le añadirá el delito de portación ilegal de arma de fuego”, escribió la PNC en un tuit publicado a las 7:52 a.m. del pasado 28 de julio.
Aunque no fue posible corroborarlo, las fuentes fiscales y policiales consultadas indicaron que esos agentes capturados el 28 de julio fueron dejados en libertad en la audiencia inicial y recapturados posteriormente.
Favoreciéndose del régimen de excepción
En opinión de Jonathan Sisco, abogado constitucionalista de Cristosal, hay una gran cantidad de personas inocentes que han sido detenidas, y algunas de ellas son víctimas de extorsión perpetradas por agentes del Estado.
“Lo más grave es que el régimen de excepción ha favorecido la impunidad para actos delictivos perpetrados por agentes estatales (amenazas, tortura, extorsión y desapariciones). Las autoridades, lejos de investigar, niegan estos graves actos, solo conocemos cuando ya no es posible ocultar los actos ilegales...” afirmó el abogado, añadiendo que lo mismo sucede con los graves actos de corrupción que poco a poco se van conociendo a través del periodismo y a la sociedad civil.
“Vale aclarar que no todos los agentes son malos elementos, pero si no hay una política de investigación abierta a la sociedad, la impunidad va a continuar”, enfatizó el abogado constitucionalista.
Cristosal es una organización que se define como defensora de derechos humanos. En el marco del régimen de excepción ha ayudado a familias que aseguran que sus parientes han sido encarceladas bajo el régimen de excepción, presentando más de 5 mil habeas corpus, de los cuales la Sala de lo Constitucional no ha resuelto ninguno, según indicó Sisco.
Las capturas de agentes policiales bajo cargos de extorsionar ocupando el régimen de excepción no se reduce los casos mencionados anteriormente. Al parecer, algunos policías vieron en el régimen de excepción una forma, ilegal, desde luego, de hacer dinero, a poco de que esa medida entrara en vigencia.
El 14 de mayo de 2022, a pocas semanas de que el Gobierno implementara el régimen de excepción, en la ciudad de Usulután, tres policías de la División Antinarcóticos (DAN) fueron capturados luego de que una persona a quien extorsionaban con 800 dólares, les entregara un paquete de dinero, mediante una entrega controlada.
Esos policías fueron identificados como Ismael Esteban López Espinoza, Ëlmer Jhovany Ramos del Cid y Dagoberto Jeovany Ponce, y utilizaban vehículo de la DAN para cometer la extorsión.
De este caso, ni la Fiscalía ni la Policía informaron si fueron llevados ante un juez y, si así fue, cuál fue la resolución judicial.
Fuentes policiales aseguraron que, por lo general, cuando no se informa de los resultados de la audiencia, es porque fueron puestos en libertad; el silencio es para no generar críticas hacia la institución, indicaron.
En opinión de Sisco, las capturas de miembros de la PNC acusados de extorsionar a ciudadanos con la amenaza de capturarlos bajo el régimen de excepción, convalidan las denuncias que Cristosal ha recibido sobre violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado.
“Lo más grave es que el régimen de excepción ha favorecido la impunidad para actos delictivos perpetrados por agentes estatales (amenazas, tortura, extorsión y desapariciones). Las autoridades lejos de investigar niegan estos graves actos, solo conocemos cuando ya no es posible ocultar los actos ilegales...”
jonathan sisco, abogado constitucionalista de cristosal
De acuerdo con Sisco, el hecho de que Cristosal haya presentado más de 5 mil habeas corpus y que la Sala de lo Constitucional no haya resuelto ninguno, y que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, haya afirmado el pasado 22 de agosto, que a esa fecha se había liberado a más de 7,000 personas, indica que hay una gran cantidad de personas inocentes que fueron detenidas, algunas víctimas de extorsión por parte de agentes del Estado.
“Hay mucha impunidad; esto pasa porque las instituciones públicas toleran actos ilegales, no se investigan con seriedad los abusos policiales”, puntualizó el abogado.
Mientras que para el abogado Jorge Guzmán, separado de su cargo de juez de Primera Instancia de San Francisco Gotera donde llevaba el caso conocido como Masacre de El Mozote, la actitud con que actúan algunos miembros de la PNC, es producto del contagio de la actitud de soberbia y de envalentonamiento con que actúan funcionarios como el mismo presidente de la República, el ministro de Seguridad o el mismo director de la policía, que se creen intocables, que pueden hacer y deshacer a su antojo si que nadie les haga nada. “Eso mismo se ha transmitido a los agentes de la policía”, puntualizó Guzmán.
El pasado 14 de febrero, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, atribuyó a los miembros de esa institución, el papel de jueces, llamándolos “jueces de la calle”, es decir que tienen el criterio para detener a cualquier persona.