Por Un sistema educativo sólido y autónomo es esencial para una sociedad próspera e ilustrada que empodere a las personas a cuestionar el statu quo. Las instituciones privadas históricamente han sido una amenaza para los regímenes tiránicos. Por eso es precisamente por lo que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua, ha lanzado un ataque contra la Universidad Centroamericana (UCA), la principal universidad privada del país establecida en 1960 por la Compañía de Jesús.
La universidad jesuita informó a través de un comunicado que todos sus bienes e instalaciones fueron incautados por el Estado. La información fue recibida el martes 15 de agosto a través de un oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua. La UCA había funcionado el Nicaragua a lo largo de 63 años y aunque siempre tuvo una relación difícil con las dictaduras y autocracias del pasado, nunca había sido cerrada.
El ataque del régimen de Ortega contra la UCA es una estocada de inmensas proporciones para la libertad de toda de Nicaragua. La institución jesuita ha sido etiquetada como “terrorista” por parte de la dictadura. Estas acusaciones no son nuevas, ya que otras organizaciones también fueron falsamente acusadas y cerradas en 2018 bajo ese mismo argumento, como fue el caso del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). En años posteriores, más de 3,500 organizaciones sin fines de lucro han sido cerradas.
La Compañía de Jesús ha emitido una enérgica declaración rechazando las acusaciones y denunciándolas como “falsas y sin fundamento”. Según la Compañía de Jesús, el régimen ha atacado a la UCA desde el 2018 cuando le suspendió el subsidio gubernamental que se usaba para cubrir becas estudiantiles.
Bajo la dictadura de Ortega-Murillo se han cerrado espacios cívicos, se han clausurado organizaciones sin fines de lucro, incluyendo la Cruz Roja, y se han cerrado otras 27 universidades privadas. Además, más del 10% de la población nicaragüense ha sido forzada al exilio desde 2018 y más de 70 personas están detenidas arbitrariamente. Los principales líderes de la oposición han sido expulsados del país y despojados de su nacionalidad nicaragüense.
Está claro que este movimiento también es parte de la persecución a la Iglesia Católica nicaragüense. El régimen previamente expulsó a varias órdenes religiosas, rompió relaciones con el Vaticano, confiscó propiedades de la Iglesia y mantiene en la cárcel a cuatro sacerdotes, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, que está injustamente condenado a 26 años de cárcel por ser una voz crítica del régimen de la familia Ortega-Murillo.
La comunidad internacional, particularmente la comunidad académica global, debería unirse en la denuncia al cierre de la UCA. Las profundas repercusiones de esta acción para el futuro de esa nación centroamericana requieren una acción inmediata, aprovechando todos los recursos disponibles. Numerosas personas y entidades ya han pedido a los ciudadanos del mundo, gobiernos, defensores de los derechos humanos, y todos los dedicados a la educación y la libertad en todo el hemisferio que se hagan eco de nuestra petición de unidad y apoyo.
Es imperativo que el mundo se pronuncie en defensa de esta preciada institución y denuncie los ataques injustificados del régimen de Ortega-Murillo.
Presidente de Fundación Libertad