El gobierno hondureño de la izquierdista Xiomara Castro y el personal técnico del Fondo Monetario Internacional alcanzaron un acuerdo para el acceso a unos 830 millones de dólares, informó este viernes el FMI en un comunicado.
El acuerdo de 36 meses "en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA)" tiene como objetivo "financiar las políticas de reformas económicas" del país centroamericano, precisa.
Por el momento está sujeto a la aprobación del directorio del FMI, algo que suele ser un mero trámite.
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"La economía hondureña ha seguido mostrando una notable resiliencia" frente a factores internos y externos como la pandemia, fenómenos naturales, el impacto de la guerra en Ucrania y la desaceleración de la economía mundial, afirma Ricardo Llaudes, el jefe de misión del Fondo para Honduras, citado en la nota.
En abril el FMI pronosticó una expansión de la economía hondureña de 3.7% para este año, pero este viernes advirtió que el crecimiento y el empleo dependen en parte de "la sostenibilidad del sector energético".
El país arrastra "problemas sociales y estructurales, incluida una alta vulnerabilidad al cambio climático" y para hacerles frente necesita aplicar políticas y reformas "que promuevan la diversificación económica y la inclusión social", considera Llaudes.
El programa de reformas hondureño se asienta sobre varios ejes como preservar la actividad macroeconómica y ampliar el espacio fiscal para apoyar la inversión y el gasto social.
La institución financiera menciona la reforma tributaria de gran alcance que obliga a pagar impuestos a los grandes empresarios. Se encuentra en trámite en el Congreso, donde la oposición, que es mayoritaria, se opone a ella.
"Permitiría reducir las numerosas exoneraciones al impuesto sobre la renta y, a la vez, salvaguardar la competitividad de la economía hondureña", estima el Fondo.
La ley desató la indignación del sector privado, que calcula que de ser aprobada provocará la "extinción" de miles de empleos.
El gobierno asegura que tras el golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, el marido de Castro, los sucesivos gobiernos exoneraron de tributos a empresas por un monto que "supera el total de la deuda pública" de Honduras, de 20,000 millones de dólares.
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El Fondo considera "esencial" que la reforma tributaria, si se aprueba, "se aplique de forma transparente y previsible".
Las reformas también apuntan a reforzar la política monetaria en el país, cuyo "sistema financiero sigue siendo robusto".
Otro de los pilares consistirá en mejorar la transparencia y combatir la corrupción. Es una de las promesas de campaña de la presidenta Castro, quien se ha propuesto crear un organismo para combatir la impunidad en el país.