Siete meses después de la captura contra los ambientalistas de la comunidad Santa Marta, del municipio de Victoria en Cabañas al menos 15 organizaciones se hicieron presentes frente a la Fiscalía General de la República para exigir a las autoridades se retiren los cargos imputados a los capturados debido a la falta de pruebas en su contra.
“La petición se basa en la falta de pruebas reales que incriminen a los ambientalistas con los delitos imputados y en la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992”, señalaron los representantes de la comunidad a través de su cuenta oficial.
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Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco, Saúl Rivas y Fidel Recinos, son los detenidos del caso a quienes se les acusa por asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas, de esta forma se les ha negado rotundamente todo contacto con sus familiares o abogados del caso. Esta situación ha trascendido a nivel internacional debido a que los líderes comunales fueron impulsaron los movimientos contra la minería en el territorio salvadoreño, en los últimos meses al menos 18 representantes del Congreso de Estados Unidos, la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones sociales nacionales e internacionales se han pronunciado ante la poca transparencia en el caso.
Una de las preocupaciones es que la avanzada edad de los detenidos y las situaciones carcelarias tengan afectaciones irreparables en la salud de los ambientalistas.
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Las organizaciones han señalado que la criminalización de los defensores ambientales es una instrumentalización de la justicia y que esta situación está impulsada por las intenciones de reactivar la minería metálica.
En reiteradas ocasiones las organizaciones han solicitado al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque se realice una audiencia especial para establecer una revisión de medidas dada por la Cámara Penal de Cojutepeque el 30 de junio, pero no se ha tenido respuestas.