Autoridades del gabinete de Seguridad del gobierno presentaron este miércoles 9 de agosto la petición para que la Asamblea Legislativa apruebe la decimoséptima prórroga al régimen de excepción, el cual suspende algunos derechos y garantías constitucionales. La nueva prórroga estará vigente desde el 15 de agosto al 13 de septiembre de 2023.
El régimen de excepción es apoyado por diputados de Nuevas Ideas, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el Partido de Concertación Nacional (PCN), el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y los tres diputados que renunciaron a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
Como en todas las aprobaciones anteriores, la petición fue aprobada en la plenaria por dispensa de trámite, es decir, sin dictamen de comisión y discusión previa.
Con esta medida se mantienen suspendidas las garantías constitucionales establecidas en los artículos 12 inciso segundo, 13 inciso segundo y 24 de la Constitución de la República, los cuales se refieren al derecho de defensa, a ser informado inmediatamente las razones de la detención, al plazo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.
El régimen se aprueba con el argumento de “continuidad del restablecimiento del orden, la seguridad ciudadana y el control territorial”. No obstante, organismos internacionales y organizaciones que trabajan por los derechos humanos han reiterado las denuncias de capturas arbitrarias, torturas y muertes dentro de los centros penitenciarios.
“Hoy por hoy no existe ningún país en el hemisferio occidental que verdaderamente defienda los derechos humanos de las mayorías, y eso es lo que les molesta a estos perversos, que les estamos cambiando y el presidente Nayib Bukele está redefiniendo el concepto de democracia”,
Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública
El funcionario defendió el cerco militar implementado desde el 1 de agosto de 2023 en el departamento de Cabañas, donde hay 8,000 elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada.
René Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, expuso que han capturado 56 personas en el cerco militar, 28 armas decomisadas. “Lo más importante es que nosotros los estamos sacando de los territorios”, aseguró.
Mauricio Arriaza Chicas, director de la PNC, expresó que es necesitan mantener la prórroga al régimen de excepción porque “hay delincuentes que hay que buscarlos, hay que capturarlos y hay que ponerlos a disposición de la justicia”, dijo.
Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, dijo que en el marco del régimen de excepción se han detenido a más de 72,000 personas, se decomisaron más de 3,000 armas, 3,800 vehículos y más de $3 millones incautados.
Esta disposición está vigente desde el 27 de marzo de 2022, luego de un fin de semana con un repunte de homicidios atribuidos a las pandillas. Posteriormente, se realizaron una serie de reformas penales para endurecer las penas de prisión y los procesos judiciales, como las disposiciones transitorias que habilitan a la Fiscalía General de la República (FGR) a agrupar por tipo de estructura criminal a los detenidos en el marco del régimen de excepción, para lo que tendrá un plazo de dos años.
Estas medidas fueron criticadas por abogados y organizaciones de derechos humanos porque podrían significar condenas masivas y también de personas inocentes, ya que la FGR no estaría obligada a presentar pruebas por cada uno de los acusados.
Difieren en posturas
La diputada del FMLN, Marleni Funes, calificó el régimen de excepción como “pilar fundamental de la campaña publicitaria de este gobierno” y que con esta medida se han violentado derechos humanos. “El Plan Control Territorial nunca funcionó, entonces ustedes han convertido una regla excepcional en una regla general, violentando derechos humanos, más de 7,000 que ya el sistema ha dicho que son inocentes”, expresó.
Diputados de Nuevas Ideas y GANA criticaron la postura de la oposición al no respaldar el régimen de excepción.
Por su parte, el diputado Carlos Reyes, exarenero, respaldó el cerco militar en el departamento de Cabañas como una medida “bien planificada” y que pandilleros se ocultaban en la zona rural.
Claudia Ortiz, de Vamos, expuso que los delitos de crimen organizado ya están contemplados en la ley y no se necesita el régimen de excepción para perseguirlos penalmente.
“No es régimen de excepción encarcelar a los miembros de las pandillas, eso ya era deber del Estado porque las pandillas están proscritas por la ley”,
Claudia Ortiz, diputada de Vamos.
Añadió que si la Fiscalía “hiciera bien su trabajo, ningún pandillero debería salir libre” y que cada prórroga permite el abuso de poder.