La liberación de al menos 40 personas detenidas injustamente bajo el régimen de excepción solicitaron representantes del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) y familiares de los capturados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Para ello, presentaron igual número de peticiones escritas de “habeas corpus” o “exhibición personal”, un recurso que permite la Constitución para que se revisen los casos de personas detenidas arbitrariamente y se les libere si no hay un verdadero mérito contra ellas.
Después de admitir los recursos, la Sala de lo Constitucional debe nombrar un juez especial o “ejecutor” para que les presentes a los resos y sus casos (de allí lo de “exhibición personal”) y determine si es legal la detención.
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Los peticionarios llegaron al Palacio de Justicia, en el Centro de Gobierno, acompañados por sus representantes legales.
De acuerdo a Ivania Cruz, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) y el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes), ambas organizaciones han presentado más de 200 recursos de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, pero solamente uno ha sido resuelto.
Se trata de una persona que finalmente fue puesta en libertad condicional por complicaciones extremas de salud.
Entre las restricciones que le impusieron se encuentran la necesaria comprobación de los arraigos de la persona detenida, así como también controles mediante firma en juzgados, no salir del país, no cambiar de residencia, entre otros.
De acuerdo con Samuel Ramírez, representante de Movir, “este recurso es la última instancia que las víctimas están haciendo uso, porque ya se agotó la espera de los procesos judiciales normales”.
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“No hay respuestas de los abogados de oficio, los abogados privados tampoco dicen nada porque no los dejan trabajar” y “la Sala tiene en sus manos revisar estos documentos, los arraigos, para que pueda declarar que son inocentes”, indicó Ramírez a periodistas.
UMO bloquea ingreso
Ramírez denunció que agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) les restringieron el acceso a la Corte Suprema y limitó la entrada.
Luego de diez minutos de espera y negociaciones se les permitió el ingreso al recinto a cinco personas. Para esto, fue necesario que un representante de la Corte hablara con los agentes de la UMO para que no violaran el derecho de los ciudadanos de presentar sus recursos.
“Normalmente los dejamos que ingresen hasta la entrada principal, pero el protocolo de ellos (de los agentes de la UMO), no sé cómo es. Sin embargo, no se les puede negar a ustedes el derecho que tienen”, explicó un representante de la Corte a los familiares de las víctimas.
“Es una manera de persecución, de negar el derecho a la víctimas de pronunciarse y nos están obligando a usar solo las calles para hacernos escuchar”, subrayó Ramírez por su parte.
“Queremos denunciar que no nos permitieron entrar hasta la puerta principal de la Corte Suprema de Justicia. Nos recibió un grupo de la UMO, y nos dijeron que había un protocolo y no podían ingresar más de cinco personas”, así lo detalló el representante del movimiento.
MOVIR lamentó los inconvenientes que tuvieron al momento de ingresar, pues personas de distintos puntos del país se trasladaron desde la madrugada hasta la CSJ, con la finalidad de ser atendidas y escuchadas por las autoridades.
“Prácticamente, es gente que ha madrugado precisamente este día a interponer esta documentación, y lastimosamente nos estamos viendo restringidos en esta oportunidad. Lamentamos este hecho porque todo este tiempo se han estado recibiendo habeas corpus con normalidad”, explicó uno de los representantes del grupo.