La producción familiar en agricultura al igual que en la pesca representa entre el 70 y 80% de los alimentos que llegan a la mesa, según datos presentados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
“Es el total de lo que comemos todos los días y de lo que llega a nuestras casas y que no valoramos, no le damos el valor a la producción artesanal de la pesca pero tampoco a la agricultura familiar, los tenemos relegados sin acceso a crédito, sin acceso a asistencia técnica y a los beneficios del desarrollo de la innovación”, expuso Diego Ricalde, representante de la FAO para El Salvador, durante el conversatorio Mujeres pescadoras ante el cambio climático, desarrollado por Observatorio de Género y Justicia Ambiental de ORMUSA .
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Para Ricalde, debe haber una mayor fiscalización de la modernidad en este sector afectado ya por los graves efectos del cambio climático, lo cual se puede lograr con capacitación en tecnología, señala.
“Hay radares que permiten identificar bancos de peces, de satélites que nos dan imágenes”, expone.
Para el experto, el tema de la comercialización de los productos del mar para los pequeños productores también representa uno de los retos más grandes, principalmente porque no existen cadenas de valor donde se junten al productor y al consumidor.
“El pescador artesanal está en las manos de los intermediarios. También se da en la agricultura, les pagan lo que les da la gana”, ejemplifica y señala que ya en el mercado, el vendedor se queda con el 60 y el 70% del precio total de los productos.
Temas como la asociatividad y el uso de tecnología, asegura, vienen a acortar las cadenas de comercialización, y abren nuevas vías para un mercado directo, que es hacia donde se debe ir, continúa.
“Evidentemente que son las mujeres, dentro de todo este esquema, las que más sufren. Hay discriminación, no hay integración, no se las considera de la misma manera, que le pidan a una mujer la denominación (de pescadora) en su DUI son limitaciones”, añade.
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Ricalde señala que por parte del Gobierno de El Salvador existe una gran deuda para evitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, pues no se ha ratificado el acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP) de la FAO, que entró en vigencia en 2016 y que busca prevenir y eliminar este flagelo.
El 90% de los empleos en procesamiento de pesca y agricultura son ocupados por mujeres, dice la FAO; en tal sentido, el organismo califica como muy importante el reconocimiento de las contribuciones que hacen las mujeres dentro de las economías de país.