El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado con testimonios de familiares la muerte de 173 personas muertas bajo custodia del Estado, después de ser capturadas durante el régimen de excepción, señala el informe brindado por esa institución humanitaria fundada hace un año.
Ingrid Escobar, representante del Socorro, explicó que 75 de esos casos han ocurrido en lo que va de este año e incluye a dos bebés que murieron después de permanecer dentro de la cárcel con sus madres.
Este medio de comunicación documentó el caso de Génesis, una bebé que murió después de permanecer seis meses dentro de la granja penitenciaria de Izalco junto a su madre. Luego que la familia se enterara que la niña estaba enferma lograron que las autoridades penitenciarias se las entregarán el 19 de abril, pero murió un mes después.
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Asimismo el 26 de junio, se registró la muerte de Carlitos un bebé que murió después de ser entregado a la familia luego de vivir sus primeros 174 días de vida en una prisión en la que solo hay dos médicos generales para atender a decenas de niños nacidos en prisión debido a que sus madres fueron capturadas bajo el régimen de excepción, acusadas de pertenecer organizaciones ilícitas.
En cuanto a las causas de la muerte de las personas bajo custodia, el Socorro considera que el 49% fueron muertes violetas debido a que los cadáveres presentaban signos de tortura y golpes.
“Estas personas indudablemente, por las pruebas y testimonios de los familiares, fueron torturados, estrangulados, vapuleados, vejados en muchas formas lo que terminó con la muerte de estos”, aseguró Escobar.
“Esto contradice lo que lo que el fiscal general de la República ha declarado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde establece que 141 casos fueron enviados al archivo”, expuso Escobar.
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Por otra parte el informe detalla que el Socorro ha presentado 1,285 habeas corpus para que las personas capturadas de manera arbitraria comparezcan ante los tribunales correspondientes en el menor tiempo posible, pero solo han recibido respuesta con relación a 28 de ellos.
“En 25 de ellas es una completa aberración jurídica porque es exactamente una copia y pega una de la otra declarando las mismas como improcedentes. Esto tiene un nombre esto se llama retardación de justicia que es lo mismo que justicia negada” manifestó la representante del Socorro.
Además, esa organización humanitaria ha remitido 140 expedientes a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), donde han presentado documentos que demuestran los arraigos de personas que llevan hasta 15 meses dentro de las cárceles, muchas de ellas con padecimientos graves.
Escobar explicó que le han solicitado a la PDDH para que intervenga en la verificación de las condiciones de salud de los reos enfermos y su liberación antes que fallezcan, del total de casos presentados cuatro ya fueron liberados.
Entre los casos presentados por el Socorro ante la PDDH está el de Jorge Luis Caridad Amaya, un albañil que fue capturado en Quezaltepeque el 14 de mayo del año pasado.
Jorge fue interceptado por un grupo de policías cuando iba a clases de Inglés, le revisaron sus cuadernos, luego se lo llevaron al puesto policial más cercano con la excusa de que le harían una preguntas, pero ya en la delegación lo esposaron y le dijeron a su madre que quedaría detenido por colaborador con pandillas.
“Mi hijo nunca había estado detenido, nunca había tenido problemas con la ley. De ahí se lo llevaron al penal de Izalco y ahí comenzó el calvario de nosotros” explica Maribel. Desde entonces han pasado 14 meses y por una fotografía que circuló en redes sociales su madre se dio cuenta que su hijo había sido llevado al hospital Rosales debido a que estaba enfermo.
El Socorro Jurídico Humanitario formado por representantes de organizaciones sociales y sindicatos brinda apoyo legal, psicológico y médico a las víctimas del régimen y a la fecha han recibido 2,500 denuncias, de las cuales en 1,376 ha logrado documentar que se trata de detenciones ilegales cometidas por las autoridades de Seguridad.