El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, explicó este martes en un programa matutino de canal 21, la necesidad de agregar al Código Penal un nuevo delito que castigue a aquellas personas que se dedican a la comercialización de terrenos en lotificaciones no autorizadas o que no cumplen con los requisitos establecidos por ley.
Delgado manifestó que con la reforma a dos artículos (216 y 338) del Código Penal se pretende la imposición de penas que van desde los ocho a los 12 años de prisión a las personas que se dediquen a este tipo de actividades delictivas.
El día anterior, el Fiscal General expusó ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa la importancia de las reformas. “Este tipo de iniciativas legislativas va buscando castigar a aquel mal empresario que se dedica a la lotificación de inmuebles a sabiendas que no cumple con todas las regulaciones” dijo.
Delgado detalló que las lotificadoras utilizan la modalidad de arrendamiento con promesa de venta, una acción permitida por la legislación salvadoreña, pero que se debe castigar cuando las empresas lo utilizan para obtener algún tipo de beneficio, sabiendo que no han cumplido con los permisos establecidos en la ley.
Asimismo, el Fiscal considera que es un tema de justicia social porque afecta a miles de personas en todo el país.
“Si usted en la calle empieza a preguntar cuántas personas han adquirido un inmueble en esas lotificaciones irregulares y que no pueden acceder a su título de propiedad creo que se sorprendería con la cantidad de salvadoreños que se encuentran en esta situación”, manifestó.
Los diputados acordaron escuchar en la próxima sesión de la comisión, a la ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano, Michelle Sol, para continuar el estudio de las reformas.
Afectados sin respuesta
El 12 de julio pasado un grupo de habitantes de nueve lotificaciones de las Comunidades de Fe Organizados en Acción (Cofoa) presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) 351 denuncias por el delito de estafa agravada, en modalidad continuada, contra desarrolladores parcelarios que han incumplido por décadas la entrega de escrituras.
Los líderes de Cofoa explicaron que con estas nuevas demandas suman 865 las presentadas ante la Fiscalía contra de desarrolladores parcelarios que han incumplido con el proceso de escrituración.
“Por años nosotros hemos reclamado ese derecho por el que ya pagamos, se nos vendieron los lotes con un contrato que establecía que después de 10 años nosotros íbamos a tener nuestras escrituras. Han pasado hasta 30 años y no las hemos recibido” declaró ante los medios de comunicación William Lobos, residente de la comunidad Los Palmares, en La Libertad.
La diputada de Vamos, Claudia Ortíz, que acompañó a los afectados en la presentación de las demandas aseguró que a nivel nacional son más de 350, 0000 familias afectadas con esta problemática.
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En ese mismo sentido, los líderes de Cofoa presentaron el 27 de junio presentaron ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia con una serie de reformas a la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para uso Habitacional.
Los demandantes explicaron que las reformas a la ley que ellos proponen incluyen mecanismos legales para obligar a los desarrolladores parcelarios y lotificadores a cumplir con el debido proceso de regularización de sus lotificaciones.
Sin embargo, durante la plenaria ese día la diputada Ortiz propuso discutir la propuesta de las comunidades pidiendo que no se politice el tema, pero no hubo apoyo por parte del partido Nuevas Ideas y fue enviada al archivo.
Los afectados relataron que en julio de 2021 entregaron en Casa Presidencial una correspondencia para plantear esta problemática, lo que llevó a la creación de una mesa técnica con la ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano, Michelle Sol, pero hasta ahora no hay ningún avance. “Todo se quedó en diálogo, pero queremos acción, hechos y que nos resuelvan” declararon.