En julio se cumplen seis meses de la detención de seis líderes de la comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas, quienes son acusados por asesinato, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
Los detenidos son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco, Saúl Rivas y Fidel Recinos. Dos personas más señaladas en el mismo caso permanecen ausentes.
Fueron capturados el 11 de enero de 2023 por un supuesto homicidio ocurrido durante el conflicto armado.
En mayo pasado, la relatora especial sobre defensores de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, señaló estar “muy preocupada” por esas detenciones.
Lee también: Capturan a hijo de activista ambiental contra la minería en Cabañas
Familiares y representantes comunales han manifestado además su preocupación por la salud de los detenidos, y señalan que no se les ha permitido verlos.
Han calificado además estas detenciones como “un ataque directo a la comunidad” donde la lucha social llevó a la prohibción de la minería metálica en El Salvador tras la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa en 2017.
La comunidad Santa Marta es una repoblación integrada por exiliados y excombatientes de la guerra civil (1980-1992), y señalan que los detenidos nada tienen que ver con pandillas.
Mujeres con más afectaciones durante el régimen
Sonia Viñerta, de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) señala que se está invisibilizado la afectación que sufren las mujeres en las comunidades tras la captura de líderes, defensores sociales y de derechos que están siendo detenidos injustamente, sobre todo cuando en su mayoría de los casos el hombre es el proveedor del hogar.
Para la representante de CNTS las afectaciones a nivel psicológico son mayores al enfrentarse a una captura arbitraria cuyo fin es “solo sentar un precedente político e intimidar”.
Para la experta, aunque hubiera una causal de detención, es la mujer la que está llevando la mayor carga y el mayor grado de afectación a nivel social, económico y psicológico.
“Es importante que hagamos un llamado a que las mujeres se organicen en ese sentido, pero vemos también que tienen miedo a correr a la misma suerte que sus parejas, que sus hijos o sus hermanos. Cada vez vemos más mujeres que no se atreven a denunciar”, lamenta.
Viñarte lamenta además que no haya una política del estado para compensar el daño, porque aunque existiera un delito no necesariamente la mujer está involucrada”, denuncia.
A 16 meses de vigencia del régimen de excepción muchas son las organizaciones que han denunciado graves violaciones a derechos humanos, capturas arbitrarias, estigmatización, torturas en los centros penales, tratos crueles y hasta muerte de personas bajo custodia del Estado.