Guatemala vive días complicados y de incertidumbre. Mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializaba los resultados de las elecciones del pasado 25 de junio y llamaba a una segunda vuelta electoral para elegir presiente entre los candidatos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el partido Semilla, un tribunal de justicia ordenaba la suspensión de este último instituto político por supuestas irregularidades en la recolección de firmas para su fundación.
La solicitud ante el juzgado Séptimo de Instancia Penal fue hecha por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dirigida por Rafael Curruchiche, sancionado por el gobierno de Estados Unidos e incluido en la lista Engel por “socavar la lucha contra la corrupción”.
La Feci sostiene que abrió una investigación porque en 2022 un ciudadano denunció que fue afiliado a Semilla sin su consentimiento. “Existen indicios de que más de 5,000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla”, manifestó Curruchiche en un corto video divulgado la tarde del miércoles 12 de julio.
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Además, la Feci sostiene que tienen indicios que por cada afiliación al movimiento, Semilla habría pagado cierta cantidad de dinero, con lo que se habría configurado el delito de lavado de dinero.
Ayer, agentes de la Feci allanaron las instalaciones del TSE en busca de los libros de registros de partidos políticos, y se llevaron los correspondientes a Semilla.
Los abogados de este partido presentaron un recurso de amparo y ayer, en la tarde, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal de justicia, dejó sin efecto la resolución del juzgado Séptimo de Instancia Penal, que ordenaba la suspensión del partido Semilla. Esta decisión ratifica la participación de Bernardo Arévalo, de Semilla, en la segunda vuelta electoral el 20 de agosto, frente a Sandra Torres.
La postura del TSE
Hasta el miércoles en la tarde, mientras hacían oficiales los resultados, magistrados del tribunal electoral manifestaron que ellos no habían sido notificados acerca de la suspensión provisional de Semilla, y que el llamado a segunda vuelta se mantenía en firme.
Ante este ambiente de turbulencias, Irma Elizabeth Palencia, presidenta del TSE, manifestó: “Es algo que nos preocupa porque nosotros sabemos que las elecciones se ganan en las urnas”.
El anuncio oficial del TSE se dio luego de un proceso de revisión del escrutinio electoral del 25 de junio anterior, ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC), a partir de demandas de inconformidad presentadas por diferentes partidos políticos.
Inconformidad y protestas
Decenas de personas se concentraron, además, frente a la sede del Tribunal para denunciar un “fraude electoral” y un “golpe de Estados”, debido a la acción de la Fiscalía y del tribunal de justicia.
Los manifestantes sostienen que esta es una “jugada” de ciertos grupos de poder de Guatemala para dejar fuera a un partido que no les es útil o que no comparte sus intereses.
Diferentes especialistas sostienen que es ilegal la acción del tribunal de justicia para suspender a Semilla, ya que el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos lo prohibe en el contexto actual.
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“No podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado”, dice el referido artículo.
Para Édgar Órtiz, abogado constitucionalista consultado por el periódico Prensa Libre, un partido político no puede ser suspendido por que la resolución no es competencia de un tribunal penal.
“Un juez laboral no puede meterme a la cárcel y un juez penal no puede resolver asuntos electorales, les corresponde únicamente a los órganos electorales”, explicó el abogado Ortiz.
Y Luis Fernández Molina, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), también considera que el Juzgado Séptimo Penal se extralimitó: “Un juzgado penal puede perseguir, procurar la verdad y deducir responsabilidad a los autores materiales o intelectuales, pero no puede realmente cancelar una personalidad. Eso creo que se está excediendo el juzgado en ese sentido”.
En tanto, la Cacif, la principal gremial de empresarios de Guatemala, emitió un comunicado en el que de manera tajante expresó que es “imperativo” respetar la decisión de la máxima autoridad electoral y la voluntad de los guatemaltecos expresada en la urnas hace unas semanas.
“Es fundamental el respeto a la Constitución y las leyes de nuestro país”, reiteró la Cacif, que se ha declarado en sesión permanente y ha convocado a sus agremiados a incidir sobre acciones que deben seguirse.
Condena internacional: Estados Unidos y la Unión Europea se pronuncian
Ante el nuevo panorama e intento por sacar a Semilla de la contienda, Brian A. Nichols, subsecretario de Estados para Asuntos del Hemisferio Occidental, externó su preocupación por las nuevas amenazas de la Fiscalía guatemalteca contra la democracia.
“Valoramos la certificación del TSE de los resultados de la primera ronda electoral, respetando la voluntad de los votantes, y esperamos la elección del 20 de agosto con los dos candidatos anunciados. Pero, estamos profundamente preocupados por las nuevas amenazas del @MPguatemala (fiscalía) contra la democracia electoral de Guatemala. Las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo guatemalteco”, escribió Nichols en su cuenta de Twitter.
En similar dirección, la Unión Europea señala que la decisión del tribunal de justicia de suspender a Semilla en pleno proceso electoral, “amenaza a uno de los cimientos básicos de la democracia: el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas”.
En tanto, un portavoz de la ONU dijo que el secretario general, Antonio Guterres, “observa con preocupación los informes sobre los intentos de influir en la segunda vuelta de las elecciones y la creciente tensión que esto está causando”.
Las jugadas
Guatemala entró en un estado de crisis y de incertidumbre desde que el 25 de junio anterior se conoció que el segundo candidato más votado había sido Bernardo Arévalo.
Esto sorprendió y dejó “fuera de base” a muchos sectores, ya que Arévalo apenas aparecía en la posición 8 de preferencias electorales, según las diferentes encuestas divulgadas antes de los comicios.
Al amanecer con esta nueva realidad, con una candidato de izquierda con grandes posibilidades de llegar a la presidencia, diferentes partidos o grupos comenzaron una serie de acciones y maniobras para dejarlo fuera de la competencia.
Primero, diferentes partidos - tanto el que está en el poder como otros de corte conservador - presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) recursos de inconformidad por considerar que “hubo irregularidades” en las elecciones.
El 1 de julio, la CC ordenó al TSE que hicieran una revisión de escrutinio de los resultados electorales. Ese proceso se realizó durante cinco días y, al final, se mantuvieron los mismos resultados electorales, con los mismos ganadores. Hecho esto, la CC dejo sin efecto las peticiones de los partidos, y ordenó al TSE hacer oficiales los resultados.
Y justo cuando la instancia electoral se disponía a llamar a segunda vuelta, surge la acusación de la fiscalía contra Semilla. Detrás de todo este accidentado proceso, siempre está la sospecha.