Además de la propuesta de reforma a la Ley contra el crimen organizado, el gobierno presentó un proyecto de “Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción”, con el que pretende “agrupar” a los imputados en procesos penales por la estructura delincuencial a la cual supuestamente pertenecen y daría un plazo de dos años a la Fiscalía General de la República (FGR) para hacer ese procedimiento.
El proyecto de decreto faculta a la FGR “para que lleve a cabo un procedimiento transicional con el objeto de agrupar por estructura a imputados en procesos en instrucción en diferentes tribunales, cuando se considere que los detenidos pertenecen a una misa estructura criminal”, para así determinar la sede judicial que conocerá el proceso.
Agrega que para llevar a cabo dicho procedimiento, la Fiscalía contará con un plazo de 24 meses, contados a partir de que entren en vigencia las disposiciones. Además, se propone que de no cumplir con el procedimiento en el plazo dispuesto, si el fiscal no se pronuncia en la determinación de la agrupación a la que pertenece un imputado, el juez “sin más trámite” dictará sobreseimiento definitivo a su favor y dejará sin efecto cualquier medida cautelar que le haya impuesto.
La propuesta fue presentada el 11 de julio de 2023 a la Asamblea Legislativa y se envió a estudio de la comisión de Seguridad Pública y combate a la narcoactividad.
Criterios de agrupación
En la propuesta se incluyen los criterios que se tomarán en cuenta para el sometimiento de los imputados “a una sola causa en virtud de su pertenencia a la organización” delincuencial que se le acusa, como: estructura, denominación, funcionamiento, territorio “u otros que resulten aplicables a criterio fiscal”.
Con la referencia fiscal, el juez continuará con el conocimiento del caso o lo remitirá al tribunal correspondiente que lo tramitará “en razón de su pertenencia a una misma estructura criminal”, dice el documento presentado.
Aberración jurídica
Para el juez Jorge Guzmán la propuesta del gobierno es “una total aberración jurídica, es la aplicación del derecho penal del enemigo”.
Valora que con esta propuesta no se examinan los grados de participación o de autoria en los hechos, sino que “únicamente se agrupan por presumirse pertenecen al mismo grupo delincuencial”.
Guzmán expresó que el sistema judicial “ha colapsado” y no existe capacidad instalada ni en el Órgano Judicial, ni en la Fiscalía, en la Policía para investigar y tramitar todos los casos del régimen.
“Ahora los van a meter en el mismo saco, en perjuicio de muchos que no tienen vínculos con pandillas o maras, o si los tienen es obligadamente, o su participación es mínima”,
juez Jorge Guzmán
Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal, considera que al ser tipificados como miembros de una agrupación también pone en riesgo su integridad en el tratamiento que puedan tener en las cárceles, además de extender el plazo de su procesamiento.
“Las personas que van a estar procesadas bajo estas disposiciones entran a un mayor nivel de vulnerabilidad a su integridad y va a ser extendido el periodo que van a estar en prisión, que era dos años y están aplicando estas reformas para dos años adicionales”, dijo.