Haciendo un gran esfuerzo económico Tránsito Rivas pagó por 10 años la cuota de su lote en la comunidad El Cauca, municipio El Rosario, departamento de La Paz, con el sueño de tener un lugar propio para vivir para ella y sus hijos.
“Eso es lo que más molesta porque uno como pobre con sacrificio paga su lote” expresó.
Sin embargo, al terminar de pagar la lotificadora Argoz, esta no le entregó la escritura como estaba establecido en la promesa de venta. Han pasado siete años desde que Tránsito terminó de pagar la parcela, pero sigue sin ser la dueña legalmente por no poseer el título de propiedad.
La señora, quien es madre soltera, relata que para poder pagar la cuota vendía tamales, pasteles y yuca frita, pero en más de una ocasión tuvo que prestar para poder cancelar la cuota a tiempo, para evitar que le pusieran multa.
“Eso es lo que más molesta porque uno como pobre con sacrificio paga su lote” expresó.
Es por eso que Tránsito junto a un grupo de habitantes de nueve lotificaciones presentaron ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) 351 denuncias por el delito de estafa agravada, en modalidad continuada, contra desarrolladores parcelarios que han incumplido por décadas la entrega de escrituras.
Según la denuncia, los afectados terminaron de cancelar los lotes adquiridos, pero a la hora de escriturar les han dado una serie de excusas y continúan sin sus títulos de propiedad.
William Lobos, residente de la comunidad Los Palmares, en la La Libertad, explicó que esperan que con la demanda la Fiscalía actúe para que las lotificadoras les entreguen las escrituras.
“Por años nosotros hemos reclamado ese derecho por el que ya pagamos, se nos vendieron los lotes con un contrato que establecía que después de 10 años nosotros íbamos a tener nuestras escrituras. Han pasado hasta 30 años y no las hemos recibido” aseguró Lobos.
Más de 800 denuncias
Con estas nuevas demandas suman 865 las presentadas ante la Fiscalía contra de desarrolladores parcelarios que han incumplido con el proceso de escrituración.
Los demandantes como parte de las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa) iniciaron su lucha por obtener sus títulos de propiedad en 2018 a través de una campaña comunitaria denominada Renacer que buscó un acuerdo con las lotificadoras, pero al no tener resultados solicitaron ayuda a las instituciones de gobierno.
Es así que, en julio de 2021 entregaron en Casa Presidencial una correspondencia para plantear esta problemática, lo que llevó a la creación de una mesa técnica con la ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano, Michelle Sol, pero hasta ahora no hay ningún avance, aseguran.
Por lo que el 27 del mes pasado presentaron ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia con una serie de reformas a la Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones para uso Habitacional.
Los demandantes explicaron que las reformas a la ley que ellos proponen incluyen mecanismos legales para obligar a los desarrolladores parcelarios y lotificadores a cumplir con el debido proceso de regularización de sus lotificaciones.
Sin embargo, durante la plenaria ese día la diputada Claudia Ortiz propuso discutir la propuesta de las comunidades pidiendo que no se politice el tema, pero no hubo consenso y fue enviada al archivo.
“Queremos dejar claro que nuestra lucha no termina aquí, que como comunidad de fe seguiremos luchando hasta lograr una Ley justa y que cada familia en nuestro país, que canceló su lote con tanto sacrificio tenga la tranquilidad jurídica de un título de propiedad que lo acredite como propietarios de sus lotes” expresaron los afectados, tras interponer las denuncias ante la Fiscalía.
La diputada del partido Vamos, Claudia Ortíz, quien acompañó a los demandantes explicó que a nivel nacional son más de 350,0000 familias afectadas con esta problemática.
“Esto es grave porque la gente puso mucho esfuerzo, sacrificio y años de trabajo para lograr tener su vivienda y al no tener la escritura n pueden acceder ni a servicios básicos” dijo Ortíz