En los últimos dos años, el país se ha enfrentado a una situación negativa en casi todos los indicadores económicos, incluidos el alto costo de la vida o la baja Inversión Extranjera Directa (IED), la cual cerró el 2022 en números rojos (más salidas de capital que ingresos), según los datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR).
Esta cifra negativa en los flujos de IED es algo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente de la ONU, también consigna en su más reciente informe sobre inversión extranjera en Latinoamérica y el Caribe, en el cual apunta que el año pasado fue El Salvador el que registró los peores números a nivel centroamericano.
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Esa caída en la IED que recibe el país se suma también a la desaceleración que experimenta actualmente el ritmo de crecimiento económico, algo dado por el Producto Interno Bruto (PIB), el cual durante el primer trimestre del año creció solo 0.8% con respecto al mismo período del año pasado, lo que ocurre en un contexto que incluye la caída en las exportaciones y un bajo ritmo en la creación de empleos.
Debido a esto, el economista y exvicepresidente del BCR, Otto Boris Rodríguez, señala que el país “requiere una cambio de rumbo en lo económico, el cual debe implicar una nueva política de atracción de IED, pero además acompañada de otras políticas económicas amigables con el crecimiento y generación de empleo”.
En este sentido, Rodríguez también hace referencia a la Ley Bitcoin, la cual es considerada por varios economistas como la única política económica que se ha implementado en el actual gobierno, sin embargo, esta no ha tenido resultados que impacten de manera positiva al país.
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Con respecto al Bitcoin, el economista añade que este “no puede ser la única apuesta (económica), pues es muy riesgosa y con alto costo de incertidumbre”, algo que viene dado por la propia volatilidad de ese activo digital, el cual, de hecho, ha significado pérdidas en el valor de los más de 2,000 bitcoins que, según los anuncios de Nayib Bukele, el gobierno ha comprado con fondos públicos desde septiembre de 2021.
En este sentido, el implementar medidas para aumentar la IED podría ser algo clave para el país, pues como han explicado otros economistas anteriormente, la inversión externa influye en la productividad del país y, por ende, en el crecimiento de la economía y en la creación de más puestos de trabajo.
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Sin embargo, el ex vicepresidente del BCR apunta que los flujos negativos en IED podrían afectar en el mediano plazo, “ya que la inversión tarda alrededor de dos años en implementarse y, por tanto, también tarda en elevar la capacidad de producción”, algo que, explica, podría implicar más dificultades en el crecimiento del PIB para 2023 y 2024.