Las fracciones de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC de la Asamblea Legislativa dieron luz verde a la decimosexta prórroga al régimen de excepción, que suspende varias garantías constitucionales de los salvadoreños. La extensión de esta medida, que se ha mantenido vigente desde el 27 de marzo de 2022, fue aprobada a pocos minutos de las 11 de la noche del martes con 67 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones.
Por más de un año, la Asamblea de mayoría oficialista ha aprobado cada prórroga del régimen solicitada por el Gobierno de Nayib Bukele, pese a las numerosas denuncias recopiladas por organismos de derechos humanos sobre detenciones arbitrarias, torturas y muertes de detenidos bajo la custodia del Estado.
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Según datos de Socorro Jurídico, en marzo, cuando se cumplió un año del régimen, más de 60 mil personas habían sido detenidas. De estas, 3 mil fueron liberadas al no poder comprobárseles vínculos con pandillas; en el mismo periodo 126 personas que fueron detenidas bajo el régimen murieron.
El mes pasado el Fiscal General, Rodolfo Delgado, confirmó en una entrevista televisiva que 142 personas han muerto bajo la custodia del Estado en centros penales. Añadió que tras las investigaciones fiscales con apoyo de Medicina Legal se habría determinado que las 142 muertes de reos ocurrió porque padecían enfermedades preexistentes, y que no existe delito que perseguir en estos casos, y que, por lo tanto, no investigará dichos casos.
Apenas ayer se revelaba que un periodista comunitario pasó un año en prisión tras ser capturado bajo el régimen de excepción, acusado de supuestas asociaciones ilícitas. El periodista fue liberado bajo medidas sustitutivas a la detención, entre ellas no cambiar de domicilio, no salir del país y no reunirse con personas, a pesar que en el momento de su detención detalla que se encontraba solo en su casa.
Pese a casos como el del periodista y las diversas acusaciones de violaciones a derechos humanos por la vigencia del régimen, la fracción oficialista de Nuevas Ideas junto a los aliados de GANA, PCN y PDC aseguran que darán sus votos para mantener el régimen "cada vez que el gobierno central así lo solicite".
A finales del mes de junio el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) acudió a la Corte Suprema de Justicia para presentar 40 recursos de “habeas corpus” por detenciones ilegales y otros abusos durante el régimen de excepción.
¿Cuáles son las garantías constitucionales que pierden los salvadoreños por 30 días más?
- Artículo 12, inciso segundo: La persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales, en los términos que la ley establezca.
- Artículo 13, inciso segundo y tercero: La detención administrativa no excederá de setenta y dos horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente, con las diligencias que hubiere practicado.
La detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar al detenido en persona el motivo de su detención, a recibir su indagatoria y a decretar su libertad o detención provisional, dentro de dicho término. - Artículo 24: Se prohíbe la interferencia y la intervención a las telecomunicaciones.
Gobierno pide aumento de penas para cabecillas del crimen organizado
Junto a la petición de prórroga del régimen de excepción, el Gobierno presentó una reforma a la Ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja para modificar disposiciones relacionadas con la incorporación de elementos probatorios que deben someterse a valoración judicial y busca aumentar las penas para los líderes de estructuras criminales.
Dicha ley considera crimen organizado a “aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un grupo estructurado de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos”.
“Adicionalmente a la solicitud de prórroga (al régimen de excepción) estamos adjuntando dos anteproyectos de ley, una son reformas a la Ley de crimen organizado que nos va a permitir agilizar los trámites ante los tribunales de crimen organizado”, dijo ayer el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
Agregó que buscan incrementar en dos terceras partes la pena máxima para los líderes de estructuras de pandillas o agrupaciones ilícitas. “Para ese tipo de líderes es que la pena máxima de 45 (años) se va a incrementar en dos terceras partes, porque tenemos el compromiso de que estos cobardes terroristas no vuelvan nunca”, expuso.
El 30 de marzo de 2022 se aprobó una reforma al Código Penal que establece que los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas de las mencionadas agrupaciones serán sancionados con prisión de 40 a 45 años.
Procesos judiciales
La segunda propuesta es para “disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción”, para “ordenar todo el procesamiento” de los 65,000 imputados a la fecha, que suman unas 3,200 imposiciones de medidas que ha presentado la Fiscalía General de la República (FGR). Se procesarán “por canchas y por clicas”, afirmó.