La Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) denunció la captura y el proceso judicial irregular contra un periodista comunitario en el contexto del régimen de excepción, que inició en marzo de 2022 y se ha vuelto permanente a través de catorce prórrogas.
Asimismo la representante de la Apes, Angélica Cárcamo, mostró su preocupación por el aumento de afectaciones a la prensa desde la implementación del régimen, según datos de las denuncias recibidas en el centro de monitoreo de esa organización.
“Vemos con preocupación el aumento considerable de casos y de nuevos tipos de registro de vulneraciones contra la prensa”, manifestó Cárcamo.
Indicó que desde enero a junio de este año, el centro de monitoreo ha recibido 103 denuncias de vulneraciones que están activas y a las cuales se les está dando acompañamiento. En comparación, en el 2022, en todo el año se recibieron 136 en total.
Entre las situaciones más graves registradas por la Apes, después de la captura del periodista comunitario, están seis nuevos casos de movilizaciones internas temporales, desplazamientos externos temporales y exilios de periodistas, que se suman a los 11 periodistas que tuvieron que desplazarse fuera del país el año pasado.
“Hacemos un llamado al Estado salvadoreño a que deje de seguir con ese tipo de medidas arbitrarias y de vulneración de derechos y lamentamos que se sigan cometiendo este tipo de afectaciones en contra de los periodistas”, expresó Cárcamo.
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Otras vulneraciones
Entre las vulneraciones más denunciadas ante el centro de monitoreo de la Apes están las restricciones al trabajo periodístico y las retenciones arbitrarias de periodistas cometidas por agentes de la Policía, aseguraron los representantes de la Apes.
“Solo en la capital, el medio de comunicación El Diario de Hoy ha sido víctima de retenciones en ocho ocasiones y pareciera que hay una actitud bastante sistemática de autoridades de la Policía y la Fuerza Armada para impedir la labor de las y los periodistas”, señaló Cárcamo.
La representante de Apes explicó que se ha obligado a los periodistas a borrar imágenes y vídeos que realizan como parte de su trabajo, pero además les toman fotos a sus documentos de identidad y a sus credenciales de prensa.
El caso más reciente registrado contra este medio de comunicación fue el viernes 7 de julio cuando los periodistas Eduardo Alvarenga y Manuel Cruz fueron retenidos cuando cubrían la retención por parte de agentes de la PNC a un grupo de familiares de capturados durante el régimen, después de participar en una manifestación en las cercanías a la plaza Salvador del Mundo.
Los agentes pidieron a los dos periodistas que se identificaran y al mostrar sus credenciales del medio, uno de los policías iba a tomar fotos de los carnet. Uno de los periodistas pidió que no le tomaran fotos a su credencial, pero otro agente lo amenazó: “Colaboren porque si no los vamos a detener y aplicar el régimen”.
En otro caso, el 25 de mayo el periodista de El Diario de Hoy, Jorge Beltrán, que daba cobertura a la liberación de un grupo de mujeres afuera del penal de Apanteos, en Santa Ana, fue obstruido en su trabajo por un grupo de agentes del sistema 911.
Beltrán filmaba la salida de las reclusas con su teléfono celular, cuando un policía se le acercó y le dijo que no podía grabar en el lugar, y señaló que la cámara de su móvil estaba hacia ellos (agentes) y que estaba cometiendo un delito cibernético al estar filmando.
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Según relató Beltrán, el agente le advirtió que podía ser detenido y le exigió borrar las imágenes que había grabado. También le pidieron que entregara su documento de identificación y la credencial que lo acredita como periodista.
Los agentes tomaron fotografías del DUI y de la credencial y lo obligaron a retirarse del lugar, obstaculizando sus derechos de prensa.
Elizabeth Estrada, de la junta directiva de la Apes, detalló que de las 194 agresiones a la prensa reportadas al centro de monitoreo de enero a junio, 103 se encuentran activas y les están dando acompañamiento.
Del total de casos, 41 se refieren a declaraciones estigmatizantes, 33 casos de acoso digital, 18 calumnias, 14 de restricción e intimidación a la prensa, 8 retenciones arbitrarias de periodistas y 8 despidos injustificados
“Es sumamente preocupante que a la prensa se le esté restringiendo su derecho de informar. Cuando a un periodista se le limita informar también se está restringiendo el derecho de estar informada a la población”, enfatizó Estrada.