La Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) denunció la captura y el proceso judicial irregular contra un periodista comunitario, en el contexto del régimen de excepción, que inició en marzo de 2022 y se ha vuelto permanente a través de catorce prórrogas.
El periodista Victor Barahona, de 55 años, relató que fue capturado el 7 de junio de 2022, dentro de su vivienda localizada en la colonia Valle del Sol, en el municipio de Apopa, durante un operativo casa por casa realizado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El comunicador narró que los agentes ingresaron a la vivienda sin una orden de captura y le preguntaron si había sido capturado alguna vez y si tenía tatuajes, a lo que él respondió que nunca había sido detenido y que solo tenía un tatuaje de una rosa. Además, les dijo que él era periodista comunitario, pero los policías no le dieron importancia.
“Nos vas a acompañar” le dijeron, luego lo esposaron y se lo llevaron a la delegación más cercana. Ahí lo ficharon y lo metieron junto a un grupo de pandilleros.
Después de pasar más de un año en prisión acusado por el delito de asociaciones ilícitas el periodista fue liberado bajo medidas sustitutivas a la detención, entre ellas no cambiar de domicilio, no salir del país y no reunirse con personas, a pesar que en el momento de su detención detalla que se encontraba solo en su casa.
“Si sos periodista te acusan de asociaciones ilícitas, si sos líder comunal te acusan de asociaciones ilícitas, si sos defensor de derechos humanos te acusan de asociaciones ilícitas, a todos acusan de asociaciones ilícitas” expresó Victor.
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Con visibles cicatrices en su cuerpo causadas por los hongos de agua, las liguillas y los forúnculos conocidos como “diviesos”, el periodista relata que estuvo a punto de morir mientras se encontraba recluido en la fase tres del penal de Izalco, debido a que es hipertenso. “No me levanté por tres días, agonicé, solo escuchaba que mis compañeros decían este viejo se nos iba a morir”, relató.
Asimismo narró la tortura pscológica que sufren los reos dentro del penal de Izalco por parte de los custodias que les dicen que nunca van a salir de ahí y les tiran gases lacrimógenos si hacen bulla.
“Si los reos se quejan o hacen bulla el castigo es dejarlos hincados desde las ocho de la noche hasta la madrugada”, relató el periodista.
Barahona aseguró que decidió hacer público su caso porque no desea que otro periodista salvadoreño pase por la misma situación. “No quiero que otro periodista sufra el infierno que yo viví”, expresó con voz entrecortada al iniciar su testimonio.
El periodista comunitario relató que, tres días antes de ser capturado, había entrevistado en vivo en un programa de televisión comunitario a Rodolfo Pereira, líder de vendedores informales, quién denunció el acoso de parte de las autoridades. Luego de esa entrevista Pereira fue capturado y un día después el periodista.
“Estoy seguro que la captura fue por mi trabajo de periodista”, aseguró Victor.
Antes de ser capturado Victor laboraba en el canal 29 y “Tu Onda Club”, una radio digital comunitaria. En ambos espacios Barahona tuvo una postura crítica y denunciaba los abusos de poder y las injusticias. Al ser liberado, solamente la radio le ha dado la oportunidad de volver a su trabajo, pero en una franja deportiva.
“Tengo miedo por los hijos y solo pido que nos dejen ejercer el periodismo en libertad” expresó Barahona.
Angélica Cárcamo, presidenta de la Apes, también denunció la negligencia y la pasividad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el caso de Barahona. “Resentimos que de parte de instancias que deberían actuar de forma eficiente, la negligencia y la pasividad con la que están atendiendo los casos de vulneración de derechos humanos” expresó.
Asimismo Barahona expuso que su familia presentó un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia el 10 de marzo de este año, pero tampoco hubo respuesta.
Oswaldo Feusier, abogado de la clínica de asistencia jurídica de Apes, explicó que en el caso de Barahona, hay indicios de una detención ilegal o arbitraria, por la forma de la captura, el patrón de fotografiarlo con personas que él nunca había visto, vincularlo con delincuentes y la forma en la que lo liberaron.
“Da la impresión que detuvieron primero e investigaron un año después”, explicó el abogado.
Feusier explicó que desde principios de junio han pedido acceso al expediente para hacer las diligencias de defensa, pero el tribunal que lleva la causa no ha dado respuesta hasta la fecha.
“En nuestro criterio es una restricción no justificada del derecho de defensa, queremos creer que se trata por el desorden administrativo y organizacional con la transformación de los tribunales de crimen organizado que han pasado a ser colegiados” manifestó Feusier.
El abogado considera que el periodista es inocente y que por un año fue sometido “a un tratamiento humillante, degradante e incluso puede ser calificado como tortura”.