El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) acudió el miércoles ante la Corte Suprema para presentar 40 recursos de “habeas corpus” por detenciones ilegales y otros abusos durante el régimen de excepción.
Representantes del MOVIR y familiares de los reos dijeron que con estos suman más de 300 solicitudes de habeas corpus o exhibiciones personales presentadas, un proceso que concede la Constitución para que un juez especial vea a la persona, analice su caso y determine si el encarcelamiento es legal o no.
“Ya agotamos todos los recursos del sistema judicial normal. Nos vemos obligados a ocupar una instancia como la Corte para ver si aquí logramos ser escuchados y que pueda tener eco por nuestro recurso”, declaró el vocero del movimiento, Samuel Ramírez.
Las más de 40 mujeres se organizaron desde la semana pasada reuniendo documentos y llegaron de todas partes del país con la esperanza de agilizar la liberación de sus parientes, aunque la Corte no les da respuesta.
El gobierno se ha visto forzado a dejar en libertad a cinco mil detenidos durante el régimen de excepción, después de determinar que son inocentes y tras tenerlos varios meses en prisión en muchos de los casos.
Entre la documentación presentada en esta oportunidad se incluyen antecedentes penales, solvencias policiales, constancias de arraigos (vivienda y trabajo) y comprobantes médicos de los encarcelados.
La abogada Ivania Cruz, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (Cofappes), denunció que los detenidos han sido privados del derecho a tener audiencias específicas e individuales. “Todos estos arraigos se tuvieron que comprobar en una audiencia, pero (el detenido) no tuvo ese derecho individual. Las hacen (las audiencias) de manera colectiva sin revisar la documentación. Las personas son de escasos recursos y no tienen para pagar abogado privado que le pueda realizar una audiencia especial”, señaló.
Muertes archivadas
MOVIR y Cofappes indicaron que en las próximas presentarán otro recurso legal a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se reabran los archivos de personas detenidas que murieron dentro de los centros penales. “Se archivaron sin consultar al familiar que perdió a los parientes. No es posible que se haya tomado una decisión administrativa sin que la familia o abogado haya consultado el expediente”, explicó Cruz.
El movimiento explicó que las familias deben comunicarse con MOVIR y presentar un acta de defunción para poder actuar en grupos que lleguen hasta la Fiscalía.
El 13 de junio, el fiscal Rodolfo Delgado confirmó que 142 detenidos por el régimen han muerto en los penales, según dijo, por “enfermedades preexistentes”. “No constituyen delitos de acuerdo con nuestras investigaciones. Hemos comprobado científicamente, con el auxilio del Instituto Medicina Legal, las causas de las muertes”, dijo el fiscal.
Pero Ramírez se negó a creer que estas muertes son el resultado de “males preexistentes” y señaló que entre las denuncias que llegan al movimiento hay casos de tortura, golpes y falta de atención médica. “Nayib Bukele no se pronuncia en absoluta por las víctimas mortales, él está en su mundo”, concluyó.