La economista Tatiana Marroquín señala que la única política pública con enfoque económico que se ha creado durante el actual gobierno es la Ley Bitcoin, una legislación aprobada en junio de 2021 y que permitió que ese criptoactivo sea considerado como moneda de curso legal, junto al dólar, en el país.
Sin embargo, dos años después de su aprobación el impacto para la economía de las familias salvadoreñas ha sido mínimo, según lo señala Marroquín y también la reciente encuesta de opinión que realizó la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la cual evaluó el cuarto año de gestión del presidente Nayib Bukele.
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De acuerdo con este estudio, casi el 85% de los salvadoreños encuestados opinó que la incorporación de este activo digital como moneda de curso legal le ha ayudado poco o nada a mejorar su situación económica, mientras que solo el 4.3% señaló que le ha ayudado “mucho”, y hasta un 5.7% afirmó que “algo”.
Estos datos son llamativos, sobre todo, por el enorme gasto público que ha significado el impulsar esa ley, pues aún con los pocos datos que ha ido publicando el presidente en sus redes sociales, puede calcularse un gasto entorno a los $400 millones, esto si se toman en cuenta los $150 millones aprobados para un fideicomiso que respaldaría las operaciones en Bitcoin; los $120 millones que, según Bukele, se entregaron en bonos de bienvenida en la Chivo Wallet; y los cerca de $117.6 millones que, a la fecha, se habrían destinado a la compra de hasta 2,824 monedas de Bitcoin.
Esta política, de hecho, no ha podido destacar ni siquiera en el rubro de las remesas que envían los salvadoreños en el exterior, pues apenas un 1% del total ingresaron por medio de la Chivo Wallet durante todo mayo, por ejemplo.
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En este sentido, Marroquín señala que una mejor salida a los problemas económicos que aquejan a los salvadoreños (como la inflación, el desempleo o el alto costo de la canasta básica), sería que el gobierno enfoque esfuerzos en el fortalecimiento de programas sociales, algo que, por el contrario, se ha recortado durante el año pasado.
También apunta que el gobierno debe “establecer una política de mediano plazo la reconfiguración de la dinámica económica del país, incluyendo la atracción de inversión”.