Un grupo de líderes de las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa), en representación de 350,000 víctimas de estafa de lotificadoras, presentaron ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia con una serie de reformas a la Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones para uso Habitacional.
Los demandantes explicaron que las reformas a la ley que ellos proponen incluyen mecanismos legales para obligar a los desarrolladores parcelarios y lotificadores a cumplir con el debido proceso de regularización de sus lotificaciones.
Heidi de Henríquez, residente de la lotificación La Paz, municipio de San Pedro Masahuat, expresó que consideran que la ley actual no les está amparando. “Tenemos más de 25 años de haber cancelado nuestras propiedades y hasta esta fecha no se nos entregan nuestras escrituras”.
Con estas reformas se busca frenar los abusos de los que son víctimas miles de personas a nivel nacional, quienes después de pagar por años sus lotes se les niega la escrituración.
La pieza fue presentada con el acompañamiento Claudia Ortíz diputada de Vamos; Rosy Romero, Rolando Godoy y Francisco Lira, de ARENA.
La diputada Ortiz manifestó que con las reformas planteadas los habitantes de las comunidades buscan tener acceso al derecho a la propiedad. “Muchos de ellos han sido estafados por lotificadoras abusivas que le venden lotes y luego de 10 o 20 años de pagarlos no les dan su título de propiedad”, explicó.
La diputada explicó que esa “situación gravísima” no les permite, en algunas ocasiones, acceder a servicios básicos, proyectos municipales, a préstamos o dar herencias.
}Ángel Orellana, residente de la comunidad Las Tablas, en el municipio de Sonsonate, relató que desde hace seis años terminó de pagar su propiedad, pero al intentar hacer un préstamo hipotecario no pudo, por no tener escritura, por lo que tuvo que hacerlo como préstamo personal incrementando los intereses.
Los afectados relataron que en julio de 2021 entregaron en Casa Presidencial una correspondencia para plantear esta problemática, lo que llevó a la creación de una mesa técnica con la ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano, Michelle Sol, pero hasta ahora no hay ningún avance. “Todo se quedó en diálogo, pero queremos acción, hechos y que nos resuelvan” declararon.
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Entre las reformas sugeridas está que se establezcan plazos para los trámites y que estos sean realizados en el Centro Nacional de Registro (CNR).
Además, solicitan la creación de un registro de lotificaciones y parcelaciones por parte del ministerio de vivienda, que sea de acceso para las autoridades encargadas de la regularización y los dueños de los lotes.
“Si yo falto mis hijos quedarán desamparados porque no les dejaré ningún documento, para dónde van a ir si los sacan de ahí”, comentó preocupada Ana de Chicas terminó de pagar hace 30 años un lote en la Lotificación Miramar, el municipio de Santo Tomás, pero hasta ahora no tiene ningún documento que pruebe que espacio donde vive es de su propiedad, debido a que la lotificadora Argoz se niega a entregarle una escritura, con la excusa que está en quiebra.
Durante la plenaria la diputada Ortiz propuso discutir la propuesta de las comunidades pidiendo que no se politice el tema, pero no hubo consenso.