Al no justificar con estudios la necesidad y supuestos beneficios del proyecto, desconocer la autonomía municipal y de la Corte Suprema y asumir facultades que no tiene para decidir sobre las comunas, el gobierno de Bukele pasa por sobre la Constitución con la reestructuración territorial como está haciéndola, advirtieron especialistas en la Carta Magna.
A juicio de las fuentes, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma que manda reducir de 262 a 44 los municipios sin justificar debidamente el beneficio que tendría para la población, lo cual es un mandato constitucional en su artículo 1: “Es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”.
Además, la Constitución sólo contempla dos formas ejercer el gobierno local: gobernaciones departamentales y municipalidades como se aprecia en los artículos 200 y 203, pero la Asamblea por iniciativa del Ejecutivo crea por ley secundaria una tercera forma de gobierno o local: los distritos.
“Ambos órganos de Estado no tienen expresamente esa facultad constitucional”, insistió la fuente, citando el artículo 86 de la Constitución que dice los funcionarios no pueden hacer más que lo que la ley les mande.
“Solo por medio de la Constitución se pueden crear los órganos de Estado y los gobiernos locales”, enfatiza.
En la ley de reestructuración se alega que el artículo 131 les ampara con la facultad de aprobar leyes, pero no les da el poder de anular municipios y crear otra forma de gobierno local.
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Según la fuente, hay una facultad para reorganizar las comunas que está en el Código Municipal por Constitución, pero la reforma se hizo en otra ley que pretende imponerse sobre el Código Municipal.
“Las municipalidades creadas ya tenían autonomía adquirida por mandato constitucional. De igual manera, los tres órganos de Estado, el Ministerio Público, y todas las instituciones creadas por la Constitución no pueden ser suprimidas por ley secundaria”, advirtió.
Al mismo tiempo, el presidente y la Asamblea invade las facultades de la Corte Suprema de Justicia al alterar el mapa de los tribunales y los procesos judiciales. “La desaparición o reagrupamiento de tribunales es una facultad exclusiva de iniciativa de ley de la Corte”, recordó el abogado constitucionalista que pidió mantener su nombre en reserva.
A juicio de las fuentes consultadas, la creación de nuevos municipios territorialmente más grandes y supuestamente más eficientes, que hacen desaparecer de manera inconstitucional a muchos de los actuales municipios y bajarlos de categoría, es un pretexto o la vía para controlar y ejercer los gobiernos locales desde el ejecutivo y el partido de gobierno, concentrando el poder local en el territorio para facilitar precisamente que el ejecutivo gobierne también a nivel local, incluso en los nuevos “distritos”, lo cual “es grave”.
Lo anterior afecta el derecho político de los ciudadanos de un conglomerado social agrupado en una parte del territorio municipal a elegir a ciudadanos de su municipio para que los represente en el gobierno local, cercano a los habitantes, lo cual es una de las características fundamentales de un gobierno local en un Estado democrático, explican.
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En síntesis, dice, se está violando la autonomía municipal constitucional y los derechos políticos de los ciudadanos.
Para la fuente, es necesario que un reordenamiento territorial se haga conforme a la Constitución, y al tratarse de un asunto de alta envergadura territorial y de soberanía popular, se consulte previamente a las municipalidades y a la ciudadanía en general, a fin de legitimar esta importante ley que podría contribuir al desarrollo económico y social del país en el futuro.
Alzas en servicios y más despidos
A este respecto, el abogado constitucionalista Enrique Anaya recordó durante una entrevista en la radio 106.9 FM que cada municipio tiene sus propias normas, sobre todo en el pago de tributos, por lo cual se tendrán que homologar y eso podría traer un alza de tarifas. Por ejemplo, las partidas de nacimiento tienen diferentes precios y seguramente van a terminar consolidándolas en alza, es decir, dejando el precio más alto.
Si bien Anaya no es partidario de tener muchos municipios, cree que una reestructuración se debe hacer de una forma adecuada, legal y no en una semana, como ocurrió aquí.
Además, advierte que habrá una serie de despidos en las comunas. “Aquí han dicho que no van a despedir empleados, que no van a subir las tasas, que todo va a ser igual. La lógica dice lo contrario: puede haber aumento de impuestos y tasas municipales y va a haber despido de posiblemente miles de empleados municipales”.
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Consolidación del poder ejecutivo
Para Anaya, la reestructuración de los municipios, así como la reducción de 84 a 60 diputados, tiene “un propósito electoral” de cara a los comicios generales de 2024.
“Los partidos políticos ya estaban en las internas. Ya había un proceso electoral en marcha, eso afecta claramente digamos los derechos de participación y representación política con tres propósitos: consolidar el fraude del 2024, hacer la tajada más grande para las personas cercanas al Presidente, y satisfacer alucinaciones de grandeza”.
A juicio de Anaya, hay un “fraude” en el tema de la anunciada candidatura presidencial porque el presidente Bukele se está presentando como candidato a pesar de la Constitución prohíbe la reelección presidencial inmediata o “segundo mandato”, como se le quiso llamar.
Entonces, explica, la Asamblea oficialista reduce el número de diputados y además cambia la fórmula para tener un mejor control. “No es lo mismo controlar 84 diputados que controlar 60”.
Además, las encuestas reflejan que hay mucha insatisfacción de la población con los alcaldes, por lo que al reducir los 262 municipios a 44 les permite un mejor control y destruye bastiones de la oposición como Antiguo Cuscatlán.