El 19 de julio del año pasado, Manuel de Jesús Aguilar caminaba con su hijo, Brandon Jonathan Aguilar Zelada, de 21 años, por el centro de la ciudad de Ahuachapán, cuando varios agentes policiales de la Sección Táctica Operativa (STO) les ordenaron detenerse, los pusieron manos en la nuca, les pidieron sus documentos y les hicieron una revisión corporal. No les hallaron nada ilícito.
Pero uno de los agentes policiales se dirigió a Brandon, diciéndole: “Me parecés conocido; sos el que ando buscando“. Manuel jamás pensó que aquella frase era algo similar a una sentencia. Mientras los policías les revisaban los teléfonos, pidieron ayuda para ver si tenían antecedentes delictivos o algo que los vinculara a pandillas. Nada.
De la Segunda calle Poniente de Ahuachapán, se los llevaron para la subdelegación conocida como la IVU, donde el mismo policía le dijo a Brandon que lo detendría por agrupaciones ilícitas. Eso a pesar de que no le habían encontrado ningún antecedente delictivo en los archivos policiales.
Cuando Manuel llegó al mencionado puesto policial y preguntó bajo qué cargos estaba detenido su hijo, le respondieron que “era por el régimen de excepción impuesto por el Gobierno”.
Desde aquel día, Manuel comenzó su lucha por sacar de la cárcel a su hijo; en ese afán lleva casi once meses durante los cuales estima que se ha gastado más de $2,500 en andar “dando vueltas”.
Dos días después de la detención, Manuel presentó un hábeas corpus (exhibición personal) a favor de su hijo. “Lo hice al reventón, así con lo que salió de mi mente”, detalló Manuel.
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Un hábeas corpus es una herramienta jurídica que permite solicitar auxilio ante la Corte Suprema de Justicia, a favor de una persona que ha sido detenida de manera ilegal o injusta. Debe hacerse por escrito y puede ser presentada por cualquier ciudadano en la secretaría de la Sala de lo Constitucional o en las Cámaras de Segunda Instancia, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sin embargo, aunque Manuel había puesto mucha confianza en que esa diligencia pondría fuera de la cárcel a Brandon, no fue así. Supuestamente la Sala de lo Constitucional resolvió la solicitud a mediados de diciembre del 2022, exactamente cinco meses después. En dicha resolución, la Sala le pedía que aclarara algunos puntos de la solicitud.
$2,500
se ha gastado Manuel, según sus estimaciones, en la compra de paquetes de higiene para su hijo, estar viajando desde el cantón Suntecumat (Ahuachapán) a hacer diligencias para lograr su liberación.
Manuel no se enteró de la resolución porque no recibió ninguna notificación, a pesar de que en su escrito consignó dos números de telefax donde podría ser notificado, y por eso el hábeas corpus fue declarado inadmisible, debido a que Manuel no subsanó las prevenciones solicitadas en el tiempo indicado.
Ante el desconocimiento de la resolución, Manuel viajó varias veces desde el cantón Suntecumat, municipio y departamento de Ahuachapán, a San Salvador, para preguntar por qué no le resolvían la solicitud en favor de su hijo. En la CSJ le dijeron que habían resuelto pero que debía presentar un escrito, solicitando tal documentación.
El pasado 15 de junio, Manuel volvió a la Corte con el referido escrito. Fue hasta entonces que se enteró que el 19 de diciembre, la Sala había hecho unas prevenciones (solicitud de enmendar algunos aspectos) y como no hizo tales correcciones, pasado un tiempo, el hábeas corpus fue declarado inadmisible.
Cuando Manuel explicó en la Corte que no había recibido ninguna notificación, le respondieron que “buscara en Google”, que allí había una página en la que se publicaban las resoluciones.
“Me dijeron que en Google había que descargar la página Centro de Información de la Corte Suprema de Justicia y le pone la fecha que presentó el hábeas corpus. Pero a mí no me descarga eso. Soy bien poco para el uso de la tecnología; soy bastante atrasado en eso. Hasta a un 'ciber' fui, pero no ubicaron esa página”
Manuel Aguilar, padre de joven preso
Manuel lamenta no haberse enterado de lo que la Sala le pedía, pero se excusa en que no está a su alcance enterarse por medios electrónicos, es decir, no sabía que tenía que estar pendiente de esa supuesta página donde la Sala publica sus resoluciones.
5,548
Habeas corpus fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia, entre marzo de 2022 y marzo de 2023, por familiares de capturados bajo el régimen de excepción, según el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador.
El hombre dice que ha pedido ayuda para buscar tal documento, pero no lo ha encontrado en internet, como le dijeron en la Corte.
Gasto oneroso para pobres
Manuel está empleado en una alcaldía donde su sueldo no llega ni a 300 dólares mensuales. En los once meses que lleva luchando por la libertad de su hijo, ha gastado más de lo que pudo haber ganado en nueve meses, incluyendo los paquetes que le ha llevado a las prisiones por las que ha pasado Brandon.
“Cada paquete cuesta aproximadamente 80 dólares. Uno los va a dejar pero no sabe si se los dan”, explicó el pasado 15 de junio, cuando vino a la Corte a presentar un escrito nomás para que le respondieran que su hábeas corpus había sido declarado inadmisible.
La solicitud de Manuel es una de las pocas (10% de más de 5 mil presentadas en los primeros 12 meses de vigencia del régimen de excepción) que, según el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), la Corte ha resuelto pero declarándolas inadmisibles, es decir, las ha rechazado.
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Entre marzo de 2022 y marzo de 2023, según ALAC, 5,548 hábeas corpus fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia, de las cuales 4,951 no han sido resueltos.
A pesar de todas las adversidades que ha recibido, Manuel asegura que solo muerto dejará de luchar por sacar de la cárcel a Brandon, a quien considera un buen hijo que nunca ha tenido problemas con la justicia.
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Personas capturadas bajo el régimen de excepción murieron entre marzo de 2022 y abril de 2023, según una investigación de la organización de derechos humanos, Cristosal.
“Con ese régimen que tenemos ahorita, solo están tratando de perjudicar de una u otra manera al más pobre, para que nos sintamos aburridos y ya no hagamos nada. Pero yo he sentido en mi corazón y tengo en mi pensamiento no rendirme, seguir luchando por la libertad de mi hijo hasta que me muera”, comentó el campesino ahuachapaneco.
Pocos días antes de que Brandon fuera arrestado estaba haciendo trámites para ingresar como soldado a la Fuerza Armada. Entre la documentación que su padre tiene, están las solvencias de antecedentes penales y policiales, una constancia de buena conducta extendida por el alcalde de Ahuachapán y una constancia de trabajo de la empresa donde laboraba Brandon.
Como miles de familias, Manuel no sabe cómo está su hijo; no sabe si en realidad está vivo. “Lo que me han dicho es que está en el módulo A, sector 6, celda 1, del penal de Mariona. Eso es todo lo que sé de él”, acotó Manuel.