Con 67 votos a favor la Asamblea oficialista aprobó oficialmente la reducción de los 262 municipios que ahora pasaran a ser solo 44 con la Ley Especial para la Reestructuración Territorial Municipal, durante la plenaria del martes, con solo 15 votos en contra.
Solo unas horas más tarde el presidente de la República confirmó que había firmado la autorización para que se convierta en ley, la total reorganización de la división político-administrativa del territorio.
“Lo que estás haciendo es descentralizando el poder para administrarlo a su forma”, diputado Francisco Lira
La ley establece que 218 municipios ahora son distritos, aunque mantienen su nombre histórico, sus fiestas patronales, también sus tasas municipales y serán agrupados según su ubicación departamental.
A partir de esto se emitirá un plazo para que las nuevas municipalidades realicen un proceso de registro contable para iniciar sus operaciones financieras y las acciones administrativas necesarias.
De igual forma la nueva ley establece que los municipios reagrupados “deberán en forma conjunta con los nuevos concejos municipales, realizar la transición en el periodo comprendido entre la fecha que se declaren definitivos los resultados de la elección del 3 de marzo de 2024, se les entreguen las credenciales de sus cargos por el Tribunal Supremo Electoral, el 25 de abril de 2024”.
“Hemos retrocedido 84 años”, señaló Ruth López ante reducción de municipios
460 funcionarios
Con la nueva organización territorial habrá 44 alcaldes, 44 síndicos y 372 concejales, lo que suman 460 responsables de las necesidades de los 262 distritos.
Esta ley fue aprobada casi de forma inmediata tras el anuncio del mandatario durante su discurso de cuarto año de gestión, se sometió a escasos días de discusión por parte de la Comisión Política de la Asamblea, pero el proceso no involucró actores sociales.
Aunque los funcionarios aplicaron ligeras modificaciones en cuanto a la primera propuesta presentada han surgido una serie de dudas respecto a los procesos municipales, sobre todo en cuanto a los procesos electorales.
“Todo esto se ha hecho de una manera arbitraria y antojadiza, porque no hay un censo actualizado. El fundamento con el cual se está haciendo esto realmente no es técnico es evidentemente político-electoral”, advirtió recientemente la jefa de anticorrupción de Cristosal, Ruth López, ante los drásticos movimientos en el escenario político.