“Un año completo” publicó el presidente Nayib Bukele, el pasado 10 de mayo en su cuenta de Twitter, al referirse a 365 días acumulados en los que no se registraron homicidios durante su gestión que estaba próxima a cumplir cuatro años.
Las cifras de crímenes violentos han tenido una baja significativa en el país; sin embargo, estadísticamente y si se compara bajo las mismos parámetros planteados por el Gobierno, si hubo 365 días con cero homicidios durante casi cuatro años, hubo 1,074 días (hasta ese 10 de mayo) en que sí ocurrieron homicidios.
Cerramos el 10 de mayo de 2023, con 0 homicidios a nivel nacional.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 11, 2023
Con este, son 365 días sin homicidios, todo un año. pic.twitter.com/NlSqVxXdhx
A pesar que esta podría ser una forma válida para evaluar las cifras de homicidios, puesto que es la misma medida utilizada por las autoridades, esta problemática es demasiado compleja como para reducirla solo a cifras y gráficas, sobre todo si se toma en cuenta la falta de transparencia que ha mostrado el actual Gobierno con respecto a este tema.
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“Hay que ser cautelosos en dar validez total a las cifras de homicidios”, reflexiona el criminólogo Carlos Ponce. “Es innegable la reducción en homicidios, pero es importante examinar qué hay detrás de esa reducción para interpretar en qué posición está el país en términos de seguridad”, agrega el especialista.
Con base en datos de la Policía Nacional Civil (PNC), del 1 de junio de 2019 al 30 de mayo de 2023 se han cometido 4 mil 140 homicidios, una cifra que si compara con gestiones anteriores es baja pero continúa siendo alarmante porque se habla muy poco sobre eso en el discurso oficial de las autoridades.
El 12 de mayo, en una entrevista televisiva, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, celebró el haber cumplido “365 sin homicidios”, pero esta información no solo es parcial, puesto que no se refirió a los más de mil días en los que sí hubo homicidios, sino que también puede distorsionar la realidad en temas de seguridad en el país.
“Sé que es fácil decir que hay 365 días sin homicidios durante el gobierno del presidente Nayib Bukele, pero eso requiere trabajo a detalle. No solo son números, se puede percibir cómo a los salvadoreños se les ha devuelto la esperanza”, manifestó el ministro.
“Es una campaña gubernamental, busca fijar una idea en la población que las estrategias de seguridad son efectivas”
Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal
Especialistas en temas de seguridad analizan el mensaje oficialista y aseguran que las cifras que publica el Gobierno no son confiables. “Obviamente hay una percepción en la población de que la violencia ha disminuido; sin embargo, es difícil estimar cuánto ha disminuido o si existe una modalidad distinta de operar”, señala la abogada y miembro de Cristosal, Zaira Navas. “Si dicen que han sido 365 días sin homicidios cometidos por pandilleros probablemente tengan razón”, agrega el criminólogo Carlos Carcash.
Para estos profesionales, también el hecho de no registrar las muertes en enfrentamientos provocadas por policías o elementos de la Fuerza Armada es una alteración de las cifras.
Los expertos aclaran que según la jurisprudencia, un homicidio es el acto de que una persona le quite la vida a otra y en este sentido “los homicidios cometidos por policías en el cumplimiento de su deber, en defensa propia o en defensa de otras personas” también deberían incluirse en las cifras, indica Ponce.
“Como no hay transparencia en los datos y como no son de fácil acceso, no se puede saber si esto es cierto o no”
Carlos Carcash, criminólogo
“Esos homicidios cuentan, pero ellos (las autoridades) no están contando los pandilleros muertos”, hace la observación Carcash en cuanto a que el gobierno debe ser estricto con los datos y las cifras de homicidios cometidos en el país.
Desde hace meses los conteos de la Fiscalía General de la República y de la PNC registran como homicidios solo los “homicidios intencionales”, no así los homicidios culposos ni cuando mueren delincuentes o pandilleros en presuntos enfrentamientos con agentes de seguridad o de la Fuerza Armada.
Muestra de esto son los casos de dos pandilleros abatidos en abril de 2022, uno más el 11 de mayo y un delincuente el pasado 25 de mayo, estos casos no fueron registrados dentro de la cifras de homicidios, según la misma información que publica la PNC en su cuenta de Twitter.
El 16 de mayo, pandilleros asesinaron a un policía mientras realizaba un patrullaje en Nueva Concepción, en Chalatenango, y a diferencia de los otros casos, este hecho sí fue contemplado por las autoridades como homicidio.
“Una muerte ocasionada por un agente de autoridad puede ser una muerte violenta y por ende un homicidio culposo, si es que no se hizo de manera intencional estando en el cumplimiento del deber. Pero no significa que no haya existido un homicidio”, plantea Navas.
Para Ruth Eleonora López, Directora de la oficina de Anticorrupción, de Cristosal, esto no es un tema de oposición, como lo han dicho en muchas ocasiones las autoridades, es un aspecto técnico, en términos jurídicos. “Que se quiera manipular las cifras sí es un tema electoral y de imagen. No se da la información suficiente para que no se tenga una valoración adecuada de la imagen del gobierno”, manifiesta la abogada.
“La población pierde información vital para tomar decisiones”, añade Carlos Ponce haciendo referencia a que sin información real sobre temas como la seguridad, la población tampoco puede evaluar acertadamente la realidad del país.
Otro punto importante es el régimen de excepción y el componente electoral que le ha dado el Gobierno. El ministro Villatoro afirmó con énfasis que “de los 365 días sin homicidios en cuatro años, 257 están dentro del régimen de excepción”, celebrando la efectividad de la estrategia implementada.
“Los políticos tienden a manipular temas importantes como la seguridad para explotar las emociones de la ciudadanía”
Carlos Ponce, criminólogo
Sobre este punto para el criminólogo, Carlos Carcash “también deberían entrar (en los registros) las personas en custodia del Estado (mediante el régimen de excepción) que pudieron morir porque fueron golpeados o agredidos por reclusos o por personal de vigilancia penitenciaria”.
Comparación entre gobiernos
La campaña gubernamental sobre los 365 días sin homicidios basa su éxito al compararse con el único día en el cual no se registró este delito durante las últimas tres gestiones de Gobierno, una del expresidente Antonio Saca y los 10 años de los gobiernos de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Cerén, ambos del FMLN.
Según datos de las autoridades y de reportes periodísticos en ese entonces, durante los últimos seis meses del mandato de Antonio Saca (del 1 de junio de 2004 al 1 de junio de 2009) se cometieron 1,786 homicidios; en los cinco años de la administración de Funes (desde el 1 de junio de 2009 hasta el 1 de junio de 2014), 17,447 salvadoreños fueron asesinados, un promedio de 9.56 casos por día; en la gestión de Sánchez Cerén (a partir del 1 de junio de 2014 hasta el 1 de junio de 2019), 22,825 homicidios, 12.5 casos diarios como promedio.
Desde el 1 de junio de 2019 al 30 de mayo de 2023, los registros de la PNC, del PNUD y de piezas periodísticas daban un total de 4,140 homicidios durante el actual gobierno de Nayib Bukele. Cifras bastante bajas en comparación a administraciones anteriores.
A pesar de estos datos, es difícil hablar sobre un éxito total en temas de seguridad. “Al no tener una institución independiente que monitoree los homicidios es difícil decir con certeza cuántos homicidios hubo en un día, en un mes o en un año. Es aventurado, particularmente en El Salvador, donde el gobierno central tiene control en todo el aparato estatal”, contrasta Ponce, quien a la vez trae a memoria el historial del Ejecutivo respecto al manejo estadístico en rubros como salud.
¿Sostenible en el tiempo?
En la entrevista televisiva, Villatoro sostuvo que tanto los alcances del régimen de excepción y la reducción de los homicidios “son sostenibles y eso es lo importante. No solo es la arista de la seguridad, sino que va acompañada de la arista de justicia. Hemos reducido al 15 % la impunidad”, la cual, según aseveró, “la recibimos con 97 %”.
Por su parte, los especialistas cuestionan la veracidad de esta afirmación y analizan el escenario actual bajo el régimen de excepción. “El Gobierno muestra que los está metiendo (a los pandilleros) en un solo lugar, que los tiene en condiciones difíciles, que les da lo mínimo para comer. Estos ambientes pueden propiciar que los delincuentes, al ser el grupo más numeroso, puedan controlar los centros penitenciarios y seguir funcionando dentro de las cárceles”, advierte Ponce.