En el marco del inicio del mes del Orgullo LGBTIQ+, la fundación Cristosal presentó un estudio sobre el acceso a la justicia de las personas de esta comunidad, el cual reveló que hay registros oficiales de más de 200 casos en los que se cometieron delitos contra esta población.
La investigación fue hecha a partir de solicitudes de datos de instituciones del Estado, entrevistas con funcionarios y grupos focales de organizaciones que atienden a personas trans, como Amate, Colectivo Alejandría y Generación Hombres Trans de El Salvador.
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Dentro de los datos que lograron recabar, correspondientes a los años 2020, 2021 y el primer trimestre de 2022, los cuales fueron proporcionados por la Policía Nacional Civil de El Salvador, hay un total de 203 casos de delitos en perjuicio de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, intersexuales, queer y otros (LGBTIQ+).
De esos casos hubo 60 crímenes de odio y la mayoría ocurrieron en el departamento de San Salvador (15), seguido de San Miguel (11) y Sonsonate (9). De esos hechos de violencia registrados por la PNC, 15 fueron homicidios y el mayor número ocurrió en noviembre 2020.
Y el problema que señala Cristosal es que esos casos quedan en la impunidad, lo que refleja trabas para acceder a la justicia.
Hasta la fecha, en El Salvador, solo un caso de persona trans ha sido juzgado como crimen de odio y los hechores recibieron una condena de acuerdo a esa agravante, establecida en una reforma al Código Penal en 2015.
“La reforma legislativa debe de ser completa, integral; no basta con establecer un agravante como hoy por hoy lo tiene el Código Penal de El Salvador. Es necesario revisar la legislación penal y reformarla en el sentido de tipificar los crímenes de odio (…) reconocer que existen crímenes de odio que se producen precisamente por la orientación sexual, identidad de género”, explicó Griselda González, consultora que coordinó el estudio.
Los datos de la PNC también indican que hubo 60 casos de personas LGBTIQ+ desaparecidas, en su mayoría en el departamento de San Salvador. De esos casos, el 61.6 % son hombres trans, un 20 % de mujeres trans y un 6.2 % hombres gais.
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El estudio advierte que la Policía remitió inicialmente números superiores a las cifras consignadas y que posteriormente se informó que “había un error en los datos” y remitió números inferiores.
Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que no tenía registros de delitos contra esta población. Otras instituciones contaban con datos, pero los investigadores advierten que podría haber problemas para clasificarlos de acuerdo a si son personas que se identifican como gais, lesbianas, hombres o mujeres transgénero, entre otros.
Dentro de las conclusiones que se ofrecen en el estudio, el cual abarcó datos no solo de El Salvador, sino de Guatemala y Honduras, se destaca la falta de un marco normativo a la identidad y expresión de género de las personas. En ninguno de los tres países existe una ley que facilite el cambio de nombre para las personas transgénero.
Otra de las conclusiones señala que algo que impide el acceso a la justicia de la población LGBTIQ+ es “la insuficiencia y especialización de la formación del talento humano de las instituciones de justicia”, consigna el documento.
La investigación fue elaborada con el apoyo de Giz, la agencia de cooperación alemana y la organización Fortalecimiento del Estado de Derecho de América Central y el Caribe (FEDACC).