Para abogados, jueces y expertos en derechos humanos, entre los hechos más graves en materia de justicia y derechos humanos durante la gestión de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, ha sido la implementación del régimen de excepción, en vigencia desde el 27 de marzo de 2022, que se ha cobrado la vida de por lo menos 153 personas y el encarcelamiento arbitrario de miles que no tienen vínculos con organizaciones terroristas.
El régimen de excepción se aproxima a los 15 meses de vigencia. Fue decretado el 27 de marzo, para contener una ola de asesinatos que las pandillas desataron entre el 25 y 27 de marzo de 2022, que dejó al menos 87 salvadoreños asesinados, según datos oficiales, a pesar de que el gobierno de Bukele aseguraba que el Plan Control Territorial mantenía bajos los índices de homicidios.
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En los más de 14 meses de vigencia del régimen de excepción, según la organización de derecho humanos Cristosal, 153 personas murieron mientras estaban en prisiones, bajo la responsabilidad del Estado, tras haber sido capturadas de manera arbitraria, vinculados a pandillas sin mayores pruebas.
Recién, Cristosal dio a conocer un informe en el que se afirma que muchas de esas 153 personas muertes en prisión, murieron por golpizas y torturas.
“Hemos determinado que hay 29 muertes violentas claramente establecidas. Se trata de ahorcaduras, de estranglamiento de personas que han muerto porque tienen la cabeza reventada, porque fueron vapuleados”, afirmó la abogada Zaira Navas.
Por su parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en ingles; organización no gubernamental que promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia en el ámbito social y económico en Latinoamérica y el Caribe), en su informe “Corrupción y Régimen de Excepción en El Salvador: una democracia sin oxígeno”, difundido en septiembre de 2022, ya consignaba que el Instituto de Medicina Legal (IML) había registrado, al 25 de agosto, 73 muertes en el sistema penitenciario, desde que se instautó el régimen de excepción.
68,579
“Terroristas” detenidos. Esa cifra fue la última que el Ministerio de Seguridad reportó el pasado 12 de mayo. Después de esa fecha, el gobierno no ha actualizado las cifras de detenciones en redes sociales.
Según WOLA, el IML confirmó que 35 de las 73 muertes fueron consecuencia de torturas o muertes violentas, 22 de negligencia médica y el resto por causas indeterminadas.
Silencio gubernamental
De momento, el Gobierno de Bukele no se ha pronunciado ante tales señalamientos que han sido llevados hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para el abogado y juez, Jorge Guzmán (que por conoció sobre la Masacre de El Mozote), lo más grave en el marco del regimen de excepcion, son los más de cien muertos dentro del sistema penitenciario y, según él, es seguro que por esas muertes alguien tendrá que responder.
“Lo más grave dentro del régimen de excepción, lo es sin dudas, los más de cien detenidos, muertos dentro de los centros penales bajo la tutela del Estado; son delitos de lesa humanidad por los que un día tendrán que responder el Presidente y sus funcionarios de seguridad pública y justicia. También otros por omisión de investigación, como el Fiscal, la misma Procuradora de Derechos Humanos”.
En ese mismo sentido, el agobado y juez Juan Antonio Durán, considera como uno de los abusos más graves de este gobierno, es “el entregar cadáveres a los familiares, con causa de muerte distinta de la verdadera; enterrarlos sin entregarlos a los familiares. Cobrarles ropa y comida a los familiares de los detenidos y no entregárselas. Mantenerlos en condiciones infrahumanas y tratarlos de manera cruel y degradante”.
Mientras que para Juan Pappier, investigador de Human Right Watch, una de las más graves arbitrariedades cometidas por el gobierno de Bukele son las desapariciones forzadas en el marco del régimen de excepción. “Es desolador ver a tantas madres yendo de cárcel en cárcel buscando a sus hijos o familiares, sin que las fuerzas de seguridad les den respuesta”, comentó el investigador.
Por su parte, para Jonathan Sisco, abogado de Cristosal, El Salvador atraviesa su peor momento en el ámbito de los derechos humanos desde la firma de los Acuerdos de Paz, pues ya no hay libertad de expresión, hay detenciones masivas y muchos de esos detenidos han muerto en cárceles con señales de tortura física.
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Datos del gobierno indican que hasta el 12 de mayo, se habían realizado 68,579 capturas. Desde esa fecha esas cifras no han sido actualizadas.
El discurso oficial dice que todos los capturados son terroristas, pero sus mismos funcionarios controvierten esa afirmación al aceptar que han puesto en libertad a más de cinco mil de esos capturados porque son inocentes, tal como lo dijo en una entrevista el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, el pasado 16 de mayo.