El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca emitió un fallo condenatorio mixto en el juicio denominado "Monarca", donde le impuso una condena de 18 años de cárcel al exalcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi Morataya y una de 6 al exalcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Amílcar Aguilar. Junto a ellos fueron enjuiciadas otras 18 personas, entre civiles y exmiembros de ambos concejos municipales. Todos procesados por los delitos de negociaciones ilícitas, peculado y cohecho descubiertos dentro de dichas comunas.
De acuerdo con el informe brindado por la Fiscalía General de la República (FGR), el exalcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi Morataya, fue condenado a 10 años de prisión por dos casos de negociaciones ilícitas y ocho años más, por dos de cohecho impropio.
Junto al exalcalde de Zacatecoluca ahora condenado, también fueron enjuiciadas otras 18 personas, entre ellas el exalcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Amílcar Aguilar, a quien el tribunal de sentencia le impuso seis años de cárcel por el delito de peculado.
Según el reporte fiscal, las investigaciones contra los funcionarios, dieron inicio en el año 2020, donde se evidenciaban negociaciones en la presentación de carpetas técnicas de varios proyectos, así como también, órdenes de compra directa, las cuales, según la FGR, beneficiaban a los empresarios.
VER: Personas absueltas del caso Chalchuapa enfrentan nueva audiencia judicial
En el reporte se detalló que el exalcalde Hirezi habría realizado actos de corrupción por $344,000 y el exalcalde San Rafael Obrajuelo, Aguilar se habría apropiado indebidamente, de alimentos del del Ministerio de Agricultura y Ganadería, luego los habría vendido, obteniendo una ganancia de hasta $9,900.
En la vista pública que duró 20 días se conoció que los acusados negociaron previamente para un beneficio propio, entre alcaldes, miembros de los concejos y empresarios, en los proyectos de transporte, pasarelas, ventas de láminas, mejoras para terminales, paquetes alimentarios y entrega de granos básicos para la población, dentro de la emergencia nacional por la pandemia COVID-19 y las tormentas tropicales que afectaron al país.
Entre las otras personas acusadas se encuentran: José Dennis Córdova Elizondo, exconcejal de Zacatecoluca y Santos Portillo González, tercer regidor, fueron condenados a 16 años de prisión por los delitos de negociaciones ilícitas y cohecho impropio. A Carlos Arturo Araujo Gómez, regidor de Zacatecoluca, le decretaron a tres años, por el delito de cohecho impropio, los cuales fueron sustituidos por 144 jornadas de trabajos de utilidad pública supervisadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de San Vicente.
También, Edenilson Amílcar Pérez, empleado UACI de la alcaldía de Zacatecoluca, fue condenado a tres años por el delito de cohecho impropio, también sustituidos por trabajos de utilidad pública. Luis Armando Gómez Alvarado, Regidor, recibió una condena de ocho años de prisión por los delitos de cohecho activo y peculado; Jaime Gilberto Valdés Hernández fue condenado a 13 años de prisión por los delitos de cohecho activo en modalidad continuada y tenencia ilegal de arma de fuego.
Luis Ángel Jiménez Benítez, comerciante y participante en licitaciones, fue condenado a dos años y ocho meses, sustituidos por trabajo de utilidad pública. Alejandro Cruz Pian fue condenado a dos años, sustituidos por 96 jornadas de trabajos de utilidad pública.
LEER TAMBIÉN: Presentan a tres pandilleros señalados de participar en homicidio de policía en Chalatenango
En cuanto a Eduardo Lara, José Rene Hernández Quinteros, empresario de buses, Miguel Ángel Chicas y José René Hernández Fuasillon, fueron condenados a dos años, con la aplicación de la suspensión condicional de la pena. Por su parte Rene Jacob Hernández Fuasillon fue absuelto de toda responsabilidad penal; José Ricarte Pineda, empresario de transporte, fue condenado a un año con cuatro meses y se le otorgó la suspensión condicional de la pena y finalmente Ranulfo de Jesús Portillo Díaz, cabo de la PNC, fue condenado a tres años por el delito de cohecho, pero serán sustituidos por trabajos de utilidad pública.
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) señaló irregularidades en el juicio.