Por Ha habido mucha controversia como resultado de la publicación en El Faro de un artículo diciendo que la oposición en El Salvador está planeando correr en las próximas elecciones con una sola fórmula de candidatos que serían escogidos por la sociedad civil, y de su inmediata negación por ARENA y el FMLN que, indignados, afirmaron que jamás correrían el uno con el otro. Mucha gente se sintió defraudada porque obviamente correr con varios candidatos pulveriza a la oposición y asegura todavía más la certeza de su derrota. Pero que esto pasara no tiene nada de sorprendente. Es solo una manifestación más de una crisis moral muy profunda que marca más allá de los políticos, a la sociedad salvadoreña entera. La oposición no logra encontrar un tema que los unifique cuando hay uno que debería unificar no solo a la oposición sino al pueblo entero porque ya le costó enormes cantidades de sangre en la guerra que a gente no puede ni debe olvidar.
El tema está íntimamente ligado con la reacción del gobierno al problema de las maras en el último año: la derogación de hecho de la Constitución Política y del imperio del derecho que habían prevalecido desde los Acuerdos de Paz que le permitió el encarcelamiento de más de 60 mil personas negándoles la protección de sus derechos que como salvadoreños tienen. Esta acción ha tenido varias consecuencias. Primero, los asesinatos que rutinariamente cometían los mareros descendieron a prácticamente nada. Segundo, esto provocó un aumento muy marcado en el apoyo político al presidente, que sin duda lo envalentonaron a llevar adelante sus ambiciones de reelegirse, no una sino muchas veces, dejando de lado el hecho que la Constitución lo prohíbe taxativamente.
Esto, sumado a otras violaciones de la Constitución, como la destitución de la Sala de lo Constitucional, ha cambiado la naturaleza del gobierno salvadoreño, que ya no funciona regido por la Constitución sino sólo por la voluntad del presidente, con lo que, también de hecho, se derogan todos los derechos de los salvadoreños. Hay gente que cree que la Constitución ha sido violada sólo en parte, pero eso es algo que no tiene sentido. Como hizo ver Carl Schmitt, un conocido constitucionalista alemán que apoyó al nazismo, cuando se gobierna en estado de excepción el soberano no es el pueblo sino el que tiene el poder de establecer dicho estado. La excepción cambia al soberano. Cuando se quitan los derechos a un grupo de salvadoreños efectivamente se les quitan a todos porque si se le quitan a uno se les puede quitar a todos.
El soberano, pues, tiene el poder total en el país y está armando unas elecciones para tratar de seguir blandiendo dicho poder. Es entrar en la dinámica que lleva a la violencia, porque justifica la tenencia del poder no en la legitimidad del derecho sino en la violencia misma. Es establecer la soberanía de la fuerza, algo que se pensó que se había terminado con la guerra y los Acuerdos de Paz. Es entrar en un camino que no tiene una salida pacífica, ahora o décadas en el futuro.
Esto es motivo suficiente como para generar una unidad férrea de la oposición que se dice democrática. Es algo que tiene prioridad sobre cualquier otra cosa porque es determinante del rumbo del país no en cuatro años sino fácilmente en cuarenta. Lo mínimo que los líderes de los partidos pueden hacer si de verdad creen en la democracia en la que dicen creer pueden hacer es llamar a sus bases y consultar con ellos si deben hacerlo o no. Si las bases deciden que no, que lo hagan sabiendo lo que está en juego.
“Manuel Hinds es Fellow del The Institute for Applied Economics, Global Health, and the Study of Business Enterprise de Johns Hopkins University.