Los exmagistrados Sidney Blanco y Rodolfo González, quienes integraron la destacada Sala de lo Constitucional conocida como “Los Magníficos” (2009-2018), cuestionaron los abusos cometidos bajo el régimen de excepción y pusieron en duda que auténticos jueces estén juzgando los casos de millares de capturados.
En el programa Ventana Jurídica de la radio YSUCA, los juristas dijeron que no hay certeza tampoco de que quienes fungen como jueces tengan los perfiles académicos y profesionales y competencia para serlo.
Para el exmagistrado Blanco, no hay garantía que quienes estén emitiendo resoluciones en los procesos judiciales sean verdaderamente jueces, debido a que el nombre de ellos no se hace público en las sentencias, sus colegas jueces no conocen a quienes estén ejerciendo y la Corte Suprema mantiene en reserva o secreto sus hojas de vida.
“No se sabe si es un juez el que está dictando una resolución o quién será”, cuestionó Blanco.
El exmagistrado explicó que el tema de los jueces sin rostro, en donde hay una reserva de la identidad del juez y del fiscal, no permite a los acusados, por ciertos delitos, conocer quién es el juez que les está juzgando, ni quién es el fiscal que le está acusando, y por lo tanto, “no pueden recusar (objetar) al juez”.
La disposición de omitir la identidad de los jueces se mantiene vigente desde marzo de 2022, cuando se aprobó de manera exprés la reforma al artículo 73-A del Código Procesal Penal y se publicó el mismo día en el Diario Oficial. La medida fue aprobada a días de la entrada en vigencia del Régimen de Excepción.
La reforma fue promovida por la Presidencia de la República y no por la Corte Suprema de Justicia.
“He tenido la oportunidad de ver actas en donde se omite el nombre del juez que ha pronunciado la resolución. Esto es un misterio, no se sabe quiénes son los jueces, sobre todos los jueces especializados, que ni los propios colegas jueces conocen quiénes son estas personas, ni cómo han sido nombrados, porque la Corte Suprema de Justicia ha puesto en reserva (secreto) las hojas de vida de los nuevos jueces y también la información de cómo llegaron estas personas”, señaló Blanco.
Por su parte, el exmagistrado González se refirió al retiro forzado de jueces por edad: “En el judicial hemos visto un hecho muy grave, en las instancias internacionales ha sido señalado como atentatorios a la independencia judicial, que es el forzar a retiro a ciertos funcionarios que llegan a una edad o a un número de años de servicio”.
A finales de 2021, el oficialismo aprobó una serie de reformas a la Ley de la Carrera Judicial, entre las que contempló que todos los jueces y magistrados mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio fueran cesados de su cargo, lo cual significó la salida de una tercera parte de la judicatura y, sobre todo, de los que tenían más experiencia.
“El funcionario judicial debe resolver según su conocimiento y experiencia, sin estar pendiente de si esto va a ser del agrado o del desagrado de los otros funcionarios de otros órganos”, recordó González.
Para González, además de afectar con la reforma “a un tercio de los funcionarios del judicial”, se ha generado unas condiciones en contexto del régimen de excepción que han producido actos “que pueden calificarse como violaciones al debido proceso penal”.
Desde la entrada en vigencia del régimen de excepción (27 de marzo de 2022) a la fecha, el ministerio de Justicia y Seguridad registra más de 68,200 capturas; de dicha cifra, al menos 4,000 han sido liberados porque no se comprobó que fueran de pandillas o tuvieran vínculos con ellas, según admitió el ministerio de Justicia y Seguridad.
El mismo gobierno central, tras 13 prórrogas del régimen, ha reconocido que entre el total de las capturas existe un “margen de error”.
Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Cristosal y el Servicio Social Pasionista, han señalado en informes que las cifras de capturas arbitrarias y muertes bajo custodia del Estado que registran podrían ser más de las anunciadas en medios oficiales.