Por Es imposible que los ciudadanos comunes entendamos los tratados que se publican sobre el asunto de las pensiones. Nos hablan de Certificados de Inversión Previsional (CIP), que se tienen que canjear por Certificados de Financiamiento de Transición (CFT); de Clasificadoras de Riesgo; de Deuda en Dificultades (DDE); de tres series (A, B, C) para pagar la deuda de pensiones; de la elevación del rating de El Salvador de ‘RD’ a ‘CCC+’. Mejor nos hablen en chino.
Pero sí está clara cual es la neta detrás de esta pantalla de tecnicismos: El gobierno debe 6,200 millones de dólares al fondo de pensiones -o sea a los cotizantes- y no los va a pagar. En vez de cumplir con su propia ley de Reforma de Pensiones del 2022, el gobierno secretamente se recetó un ‘período de gracia’ de 4 años, durante el cual no va a pagar. Que galán. Mañana voy al banco y le digo que reclamo mi período de gracia para mi préstamo.
Además de esconder este robo detrás de un lenguaje que nadie puede descifrar, le pusieron otro candado más: Declararon reservada toda la información sobre este chanchullo. Se supo de esto solamente porque la clasificadora de riesgos Fitch, que periódicamente informa sobre los riesgos financieras de cada país, lo reveló en su último informe, llamándolo un impago.
Con esta decisión de no pagar sus obligaciones con el fondo de pensiones, el gobierno logró mantenerse a flote y evitar el impago grande, el pecado mortal de no pagar sus bonos emitidos en el mercado financiero internacional. Para pagar los bonos, dejaron de pagar a los cotizantes del sistema de pensiones. Y lo celebraron como un gran logro. Ser responsable con los bancos e irresponsable con los trabajadores, lo llaman responsabilidad fiscal.
Se confirmaron las sospechas que muchos teníamos cuando este gobierno comenzó a hablar de su reforma de pensiones: No se trataba de hacer más sólido y seguro el sistema de pensiones, sino de sanear las maltratadas finanzas del gobierno – maltratadas por ellos mismos, por su improvisaciones y por la corrupción.
Los ahorros de los cotizantes del sistema de pensiones no son las únicas víctimas de la irresponsabilidad fiscal de este gobierno. También lo son los proveedores del gobierno, que tienen meses o incluso años de no recibir sus pagos. También son víctimas los gobiernos municipales, que no reciben el financiamiento que por ley les corresponde. También decidieron no ejecutar la mayor parte de las obras públicas prometidas – todo esto para rascar la olla y no caer en impago con el sistema financiero internacional.
Para el resto del año no habrá dinero para abastecer los hospitales con medicinas, ni para enfrentar la crisis alimentaria, que ya están comenzando a sufrir varios sectores.
Detrás de las cortinas de humo, se hace visible una verdad fea: El gobierno tiene mal las prioridades en sus gastos, y el costo vamos a pagar todos nosotros. Incluso los muchos que no tendrán como pagarlo.
Los que escribimos en los medios tenemos la obligación de romper los candados que el gobierno pone para esconder la malversación de fondos, la corrupción y la improvisación, que están arruinando las finanzas públicas. Que por esto nos van a atacar aun más, ni modo, es nuestra responsabilidad profesional explicar las cosas que el poder quiere esconder.
Saludos...
Paolo Lüers