El gobierno salvadoreño se enfrenta, desde hace más de un año, a las dificultades para encontrar financiamiento externo que le permita ejecutar proyectos de país, algo que ha sido provocado, entre otras cosas, por sus propias decisiones y políticas como la adopción del Bitcoin.
Un informe reciente, publicado por la financiera inglesa Emerging Finance (EMFI), indica que un factor clave que no ha permitido que estas puertas se abran es la falta de un acuerdo de asistencia financiera entre el país y el Fondo Monetario Internacional.
Dicho acuerdo, cuyas negociaciones se encuentran estancadas desde 2021, significarían un alivio para las finanzas del país, pues más allá de los $1,300 millones que el multilateral le otorgaría al gobierno, esto implicaría una recuperación de la confianza de los inversionistas.
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En ocasiones anteriores, economistas han explicado a El Diario de Hoy que el cerrar un acuerdo con el organismo funcionaría como una especie de certificación que le garantizaría a los inversionistas que el gobierno salvadoreño sí puede cumplir con sus obligaciones de deuda, algo que al mismo tiempo disminuiría el riesgo de caer en impago que actualmente tiene el país.
En este sentido, algo fundamental para que ese acuerdo se logre es que el gobierno acate las recomendaciones que el FMI ha hecho sobre puntos claves del tema fiscal en el país, entre las cuales están el transparentar algunos gastos como los relacionados con el Bitcoin o rendir cuentas y "publicar los planes macro-fiscales y de financiamiento de mediano plazo; mientras que las estadísticas fiscales deberían alinearse con estándares internacionales", según dijo el Fondo en febrero.
Sin embargo, el mismo organismo anunció en abril que el gobierno salvadoreño decidió vetar la publicación del informe final que un equipo técnico preparó tras su visita al país para analizar las finanzas públicas, todo en el marco de la revisión del Capítulo IV del Fondo.
Este hecho, inusual para los países de la región, podría significar, de hecho, que las negociaciones por cerrar ese acuerdo no han avanzado mucho, y que alcanzarlo es una posibilidad aún lejana.
Un día después de que el gobierno salvadoreño decidiera ocultar los resultados de ese informe, el economista sénior y coordinador para El Salvador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, señaló que esa acción fue una confirmación de parte del gobierno acerca de sus prácticas poco transparentes en lo que se refiere al manejo de las finanzas del país.
Y, además, la financiera EMFI apunta que "no creemos que un préstamo del FMI sea una (fuente de financiamiento para el país) ya que requeriría algunas medidas con respecto a la transparencia y las transacciones de Bitcoin que el gobierno de Bukele no está dispuesto a asumir".
En este sentido, la firma apuntó de forma contundente que el bloqueo a la publicación del informe del FMI "nos lleva a pensar que la transparencia no es una de las prioridades de Bukele".
El tema de la transparencia o la rendición de cuentas son dos puntos críticos en la administración de Nayib Bukele, pues desde que asumió la presidencia decidió que muchos de los gastos públicos fueran de caracter reservado, algo que a la fecha no permite conocer cómo y en qué se utilizan muchos de los fondos públicos en el país.
Un ejemplo de ello es la adopción del Bitcoin, pues desde que entró en vigencia en septiembre de 2021, el propio Bukele ha informado en Twitter la compra masiva de unidades de esa criptomoneda, sin embargo, no hay un mecanismo por el cual la población pueda consultar el gasto total entorno a esa política.
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De manera empírica, y tomando como base las publicaciones en Twitter del mandatario, la implementación del criptoactivo en el país podría incluir gastos de hasta $114.8 millones en la compra de unos 2,724 Bitcoins, $150 millones del fideicomiso para respaldar las transacciones, unos $120 millones en bonos de bienvenida a los usuarios que se registraron en Chivo Wallet, y otros gastos que incluyen la construcción de las casetas para los cajeros, el desarrollo de la billetera estatal o el pago de los promotores.
Estas cifras, calculadas someramente, podrían sumar casi $400 millones, sin embargo, es un dato que es desconocido para toda la población debido a que los mecanismos de acceso a la información pública han sido paralizados por el actual gobierno.