Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad Pública en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén y exdiputado del FMLN, fue condenado ayer a restituir al Estado $109,555.87 por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro.
El Ministerio Público había pedido que la Cámara ordenara a Lara devolver dicha cantidad al considerar que el exfuncionario se enriqueció de forma ilícita cuando ocupó cargos públicos.
La instancia resolvió que Lara no pudo sustentar un aumento de su patrimonio por $39,253.23 y deberá devolverlos; asimismo, la Cámara determinó que Ana Emilia Zelaya de Lara, esposa, deberá devolver $2,000 y la hija de ambos Ileana Briseida Lara Campos debe restituir $68,302.64.
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La condena también incluye inhabilitar Benito Lara de ocupar cargos públicos por periodo de diez años.
El periodo en que las investigaciones fiscales se centraron es de entre el 1 de mayo de 2009 hasta el 30 de abril de 2014, dos periodos en los que fungió como diputado efemelenista; y de entre el 1 de junio de 2014 y el 20 de enero de 2016, cuando se sumó al gabinete de Sánchez Cerén como titular de la cartera de Seguridad Pública.
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En junio de 2022, cuando la Fiscalía presentó la demanda ante la Cámara, se pidió que Lara y su núcleo familiar restituyeran $201,874.31 por 14 irregularidades en su patrimonio, sin embargo, más de $92,000 fueron validados como lícitos por la instancia en su resolución.
El exfuncionario ha señalado que apelará la resolución, la cual califica "contradictoria" y con tintes "políticos".
"Nosotros aportamos prueba documental, pericial y testimonial, con la cual comprobamos que no hay aumento patrimonial injustificado. Además de nuestra prueba, la misma pericia financiera de la Fiscalía es coincidente con la nuestra en relación que no se podía establecer que hay enriquecimiento ilícito ni aumento patrimonial injustificado de mi grupo familiar", dijo Lara.