Pese a los retenes policiales para bloquearlos en diferentes puntos de acceso a San Salvador, miles de trabajadores y sindicalistas marcharon con motivo del Día Internacional de Trabajo y para pronunciarse en contra de los abusos del gobierno, la reelección del presidente Nayib Bukele y exigir la liberación de inocentes detenidos durante el régimen de excepción.
En la actividad, que inició en el parque Cuscatlán, participaron los integrantes de 34 organizaciones del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, que culminaron en la Plaza Cívica, frente a Catedral Metropolitana, en el Centro Histórico.
En la marcha también participaron la Alianza Nacional El Salvador en Paz y familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción, organizados en el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y los que son atendidos por el Socorro Jurídico Humanitario, así como los familiares de los presos políticos.
El representante del Movimiento de Víctimas de Régimen (MOVIR), Samuel Ramírez, pidió libertad inmediata para todos los capturados que son inocentes. “No es justo que la gente esté esperando un año para que sea condenada o liberada, significa que no tiene pruebas y por eso no agilizan este proceso”, apuntó.
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Ramírez además solicitó al gobierno la creación de un programa de reinserción laboral para los inocentes que fueron capturados y perdieron sus trabajos. El dirigente de MOVIR considera además importante que las autoridades “limpien los antecedentes” de las personas liberadas por no tener ningún vínculo con pandillas.
Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, explicó que por el momento hay unos 20,000 capturados que no tienen vínculos con pandillas, entre vendedores, taxistas, jornaleros, profesores, sindicalistas, agricultores y obreros en general.
Los familiares de los capturados en el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y judiciales de los salvadoreños, aprovecharon la marcha para pedir la liberación de sus parientes.
Misael Argueta relató que su hermano, Josué David Mozo Argueta, fue capturado el pasado 1 de marzo. Es un joven graduado de la licenciatura de Ciencias Jurídicas y, según sus familiares, se encontraba realizando prácticas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos(PDDH), por lo que niegan que tenga vínculos con algún grupo delincuencial.
“Cuando se le preguntó a los elementos policiales sobre la captura dijeron que ellos no estaban obligados a decir nada y que se lo iban a llevar solo para interrogarlo y que instantáneamente quedaría libre, pero cuando mi familia llegó le dijeron que había quedado detenido bajo el estado de excepción”, expresó Argueta.
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Por otra parte, Mariela de la Paz Hernández pidió la liberación de su esposo, Erick Omar Espinoza Roque, un albañil capturado en el municipio El Rosario, La Paz, quien fue detenido el 23 de marzo de este año.
“A él lo fueron a detener a la casa, andaban buscando a otra persona y los apellidos de él no coincidía con el que andaban buscando; entonces decían que no sabían si llevarlo o dejarlo, como andaba sucio le decían que se alistara para llevarlo a la delegación y ya estando ahí no lo dejaron libre sino que lo detuvieron”, denunció.
Ivania Cruz, representante del Comité de presos y presas políticos de El Salvador, exigió la libertad para sus familiares capturados.
“Estamos aquí por el alto a la persecución política que se vive en El Salvador, por el respeto a los derechos humanos y por la libertad de las personas presas políticas que no queremos que nos utilicen como método de campaña política”, exigió Cruz.
Asimismo el juez Antonio Guzmán manifestó que tanto él como los jueces independientes del país marcharon por la defensa de la Constitución, de los derechos humanos y de la separación de poderes y “en contra de la reelección presidencial inmediata, que está prohibida por la Carta Magna”.