El empresario hondureño Lenir Alexander Pérez Solís habría sido entrevistado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el viernes anterior, por su relación con una sociedad estadounidense dedicada a la producción de acero y con inversiones en explotación minera en Honduras, según afirman periódicos de ese país, que citan a un abogado del empresario.
El viernes anterior, un grupo de agentes del FBI se presentó al domicilio de Pérez, en Palm Beach Point, Wellington, Florida, como parte de algunas diligencias judiciales, según consigna el sitio de noticias wptv.com, de West Palm Beach.
“La oficina del FBI en el sur de Florida confirma que la agencia estaba llevando a cabo actividades policiales ordenadas por la Corte en las cercanías, pero no había otra información disponible”, dijo WPTV.
Por su parte, el periódico hondureño La Prensa publicó el mismo viernes que uno de los abogados de Pérez confirmó que solo se trató de “un simple interrogatorio por un tema que investigan a una empresa que vinculan con el grupo”.
Pérez está relacionado con el grupo empresarial Emco Holding, propietaria del inmueble donde el viernes se encontraba junto a su esposa y socia, Ana Facussé.
De acuerdo con diversos reportes periodísticos, hace pocos años, empresas de Lenir Pérez se asociaron con la estadounidense Nucor Corporation para emprender una explotación minera, de óxido de hierro, en el departamento de Colón, Honduras, que afectaba directamente a la comunidad llama El Guapinol, cuyos líderes comunales se opusieron al proyecto minero; se llegó incluso a la represión por parte de fuerzas gubernamentales.
Un detallado reportaje de iwmf.org (International Womens Media Foundation) en alianza con la revista Contracorriente, Univisión y el Centro Latinoamericano Investigativo de Periodismo (Clip) asegura que las alianzas de Nucor Corporation, en Honduras, llegaron hasta una empresa propietaria del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el cual la ambientalista hondureña Berta Cáceres protestó, hasta que en 2016 fue asesinada.
El reportaje aclara que no existe ningún procedimiento legal que implique a esa empresa ni a sus asociados, en el asesinato de Cáceres.
Los nexos en El Salvador
El empresario hondureño ha extendido sus nexos políticos a El Salvador y luego lo ha hecho con sus negocios, a través de un contrato aeroportuario con una de sus empresas: Alutech El Salvador.
En el 2019, de acuerdo con la organización de contraloría civil Acción Ciudadana, Alutech donó un millón de dólares al partido Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), durante la campaña presidencial de ese año, cuyo candidato fue el actual mandatario, Nayib Bukele.
Poco tiempo después, el gobierno salvadoreño otorgó un contrato a Alutech para la ampliación del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, en El Salvador, bajo la figura de un asocio público privado que concesiona a la empresa de Lenir Pérez la operación de la terminal de carga por 30 años.
Un contrato similar al otorgado en El Salvador para la administración de la terminal aérea, le fue otorgado en Honduras durante el mandato del presidente Juan Orlando Hernández, para la concesión de la terminal aérea del aeropuerto de Palmerola, cuyo contrato está bajo investigación de una comisión especial del Congreso de ese país, según la revista hondureña criterio.hn.
Lenir Pérez es un empresario que mantuvo estrechos lazos con el gobierno de Juan Orlando Hernández, según el sitio de noticias Infobae, lo cual le habría valido para obtener la concesión del aeropuerto de Palmerola, por más de 87 millones de dólares.
“Las buenas relaciones con las administraciones de Nayib Bukele en El Salvador y Juan Orlando Hernández en Honduras han garantizado a Lenir Pérez y Alutech el manejo de tres de los aeropuertos más importantes del norte centroamericano, Palmerola y el Monseñor Romero, además del que sirve a la capital hondureña”, afirma Infobae en un artículo del periodista salvadoreño Héctor Silva.
Lenir Pérez también ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como presunto responsable de acoso violento a líderes campesinos de Honduras por la oposición que estos hicieron, desde el año 2013, a los proyectos mineros.
En El Salvador, el gobierno ha encarcelado desde el pasado 11 de enero, a seis personas consideradas líderes de la comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas, por un supuesto delito cometido durante el conflicto armado.
Santa Marta es una comunidad que se opuso férreamente al proyecto minero de extracción de oro en el departamento de Cabañas. Su lucha derivó en que la Asamblea Legislativa aprobara, en marzo de 2017, una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador.
Vecinos de la comunidad Santa Marta han alegado que, tras el encarcelamiento de Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco, Saúl Rivas y Fidel Recinos, subyace la intención de anular la resistencia a la minería de cara a una posible reactivación de los proyectos mineros en la zona.