Por En el Estado republicano la soberanía reside en el pueblo. Este delega su autoridad en las instituciones que ejercen el poder político. La historia universal ha demostrado que la división de la autoridad entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial es la mejor protección contra los abusos. Cuando esos poderes están en manos de rivales políticos, cada uno se esfuerza por refrenar la corrupción de los demás. Por el contrario, cuando el poder está concentrado en una persona, o unas pocas, la corrupción se vuelve imparable y a favor de los poderosos, porque nadie puede controlarlos ni exigirles cuentas.
La sola separación de poderes en un país no es suficiente para evitar la corrupción. Pero se convierte en una barrera natural ya que las ganancias obtenidas de manera ilegal no pueden ser muy grandes cuando está vigente un sistema estable de vigilancia mutua. El que las instituciones del Estado estén en manos de partidos diferentes no es un obstáculo para la gobernabilidad. El arte del buen gobierno consiste en la capacidad de dialogar y construir consensos que el gobernante pueda tener. La eliminación de los balances democráticos del poder hace prosperar la corrupción, porque la centralización permite demasiada discrecionalidad en la toma de decisiones sobre los fondos públicos.
Cuando el poder se concentra en una o en muy pocas personas, las campañas en contra de la corrupción son solo un espectáculo, porque no tienen intención real de ejecutar ninguna medida a favor de la probidad. Las leyes anticorrupción son decretadas como un medio para deshacerse de los adversarios políticos. Más que una iniciativa para la destitución de funcionarios corruptos, se trata de una estrategia destinada a eliminar a los adversarios para hacerse con el control completo de las instituciones y suprimir los controles.
Cuando el poder se concentra, se emiten leyes que, de manera premeditada, tienen poca claridad sobre los procesos burocráticos y de toma de decisiones. La ambigüedad se encuentra así en el origen mismo de las leyes sin que haya un balance en el poder que exija una definición clara de los procedimientos. De esta manera, quedan al arbitrio de los funcionarios muchas de las decisiones y la ambigüedad les abre muchas oportunidades para la corrupción y el fraude.
En los sistemas clientelistas no existe una real separación de los poderes privados y públicos, y quienes detentan el poder pueden usar la autoridad pública como un medio para incrementar su interés privado. Al no existir un poder fiscalizador real, la confusión entre interés privado y público es una condición creada deliberadamente para generar en la ciudadanía un desconcierto que facilite la impunidad. De manera que la principal garantía para una administración pública honesta es la imposibilidad para la concentración del poder. A mayor concentración del poder mayores posibilidades para el abuso y la corrupción.
Los desafíos mencionados pueden afrontarse a fondo solo mediante el esfuerzo ciudadano por defender los principios de equilibrio y balance del poder. La responsabilidad compartida y el compromiso sincero con la verdad y la transparencia son esenciales para que los ciudadanos se cuiden los unos a los otros y vigilen a sus gobernantes. No se debe dejar de tener presente que los funcionarios corruptos encuentran el modo de apropiarse de fondos públicos en aquellos programas en los que el uso del dinero no puede ser verificado por los ciudadanos.
En todo esto juegan un papel muy importante las iglesias, quienes tienen la influencia moral para promover la conciencia cívica. Pero debe existir de parte de ellas un compromiso en la tarea de educar a los creyentes en sus responsabilidades ciudadanas. La lucha efectiva contra la corrupción exige el cultivo de las virtudes cívicas y las iglesias cumplen su misión en la medida en que se comprometen con el ministerio de la promoción de la justicia social. La misión de promover la fe, la justicia y la paz no puede llevarse a cabo sin un compromiso real de los pastores. La sola multiplicación de anuncios no puede vencer la práctica de la corrupción, pero la formación a largo plazo sí puede ser decisiva en la formación de una nueva generación de ciudadanos responsables que han aprendido a ser fiscalizadores y protectores del bien común.
Pastor General de la Misión Cristiana Elim.