El régimen de excepción ha profundizado “la desigualdad y la exclusión social” en El Salvador y es “el más grave de los retrocesos en materia de derechos humanos” desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, revela un informe anual diseñado por varias organizaciones defensoras de derechos humanos del país.
Según este reporte, la mayoría de los detenidos se mueren por falta de atención médica, ya que algunos entraron a las cárceles enfermos y sus condiciones se agravaron estando en reclusión.
Las afecciones cardíacas, seguidas de las crisis por diabetes y las enfermedades respiratorias, son las tres primeras causas de fallecimiento de los que han sido capturados bajo el régimen, debido a que ya padecían de algunas enfermedades crónicas.
La medida extraordinaria entró en vigor desde el 27 de marzo del año pasado, con la cual, el gobierno afirma que han detenido a más de 67,000 individuos, todos pertenecientes a pandillas o grupos criminales y sus colaboradores, según han dicho el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas y el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reiteradamente cada vez que llegan a la Asamblea a pedir que se prorrogue por 30 días cada mes.
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Sin embargo, ha sido documentado por medios de comunicación, organismos de defensa de derechos humanos y por los familiares de los detenidos, que decenas de ellos han sido liberados sin la publicidad gubernamental, por falta de pruebas.
Pero eso es en el caso de los que han corrido con suerte, mas hay otros que han enfrentado la muerte sin poder demostrar que son inocentes, o peor aún, han fallecido víctimas de la falta de atención médica, como devela el informe en mención, incluso, teniendo a su favor la orden de un juez para ser liberados.
Por todos estos componentes violatorios, el reporte explica que el régimen de excepción ha hecho retroceder al país a los tiempos de la guerra civil de la década de los 80’.
A esta conclusión llegaron las organizaciones: Azul Originario, el Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica (AMATE), Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Red de Defensoras de Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista (SSPAS).
“El régimen de excepción ha significado el más grave de los retrocesos en materia de institucionalidad democrática, estado constitucional de derecho, y derechos humanos desde los acuerdos de paz”, establecen las organizaciones defensoras de derechos.
Además, detallan que es el siguiente peldaño al que ha subido El Salvador, tras el socavamiento institucional iniciado el 1 de mayo de 2021 con la destitución y sustitución irregular de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal por parte de la bancada oficialista en el Órgano Legislativo.
Las organizaciones reconocen que es una necesidad fundamental el garantizar la seguridad en el país, pero que el “margen de error” de capturas arbitrarias (admitida por el ministro de Seguridad) es una razón de peso, para no seguir ampliando el régimen de excepción.
“Aunque se reconoce el deseo común de vivir en una sociedad sin violencia, éticamente no es aceptable que ‘el fin justifica los medios’, si el interés general prevalece sobre el particular, ello no es un aval para el abuso ni la resignación de un posible margen de error. El papel de los derechos humanos es proteger a todas las personas, estableciendo lineamientos, para que el rol de las autoridades estatales no cause más daño que el que pretende solventar”, establecen las organizaciones en el informe.
“Por ello el propósito último de las organizaciones es tratar de señalar todo aquello que se aleja del propósito constitucional y de los derechos humanos de forjar una sociedad democrática basada en el respeto a la ley, comenzando por las propias autoridades, principales obligadas a su cumplimiento, así como proponer medidas y acciones para su logro”, añaden.
Por tanto, reconocen que desde la entrada en vigencia del estado de excepción, activaron sus mecanismos de apoyo y asistencia a los salvadoreños víctimas del régimen y su supresión de garantías constitucionales.
“Las organizaciones de derechos humanos desde el inicio del estado de excepción activaron servicios de atención a personas afectadas por este recibiendo denuncias, asistiendo en la interposición de hábeas corpus y brindando acompañamiento a las familias así como en labores de abogacía nacional e internacional por la defensa de los derechos humanos”, resaltan.
Señalan que, desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 15 de marzo de 2022, las organizaciones han dado asistencia a un total de 5,082 casos.
Cristosal registra entre los hechos violatorios de derechos humanos identificados, la secretividad de los procesos en 692 casos, las prácticas policiales y militares ilegales lesivas a la intimidad en 194 ocasiones, el uso de engaños para facilitar las detenciones arbitrarias con un total de 169 casos, a 90 sujetos se les estigmatizó por tatuajes y registraron 46 casos de exposición ilegal ante medios de comunicación.
Por otra parte, las capturas arbitrarias y muertes bajo custodia del Estado podrían ser más de las registradas en medios oficiales, según datos de estas organizaciones.
En el caso de SSPAS, registran hasta marzo de este año un total de 102 muertes. De ellas, 98 fueron hombres, dos fueron mujeres, y de otros dos no se reveló la información; mientras que otros 27 fallecimientos corresponden a sujetos de entre los 30 a 40 años de edad; 23 de los muertos estaban entre 41 a 50 años; y 21 más de los que murieron en las cárceles tenían entre 18 a 29 años; de 18 personas más que fallecieron, no se cuenta con el dato; otros nueve muertos tenían entre 51 a 60 años; y otros cuatro muertos eran mayores de 60 años.
En el informe se añade que un elemento que frecuentemente ha sido mencionado sobre las personas detenidas, es la muerte bajo custodia del Estado por motivos de salud, en el que las enfermedades o padecimientos crónicos de las víctimas del régimen son mayoritariamente condiciones cardíacas, diabetes y enfermedades respiratorias. (Ver gráfica).
Según la misma organización, entre los factores que ocasionaron las muertes de personas en prisión, se tienen como posibles causas: muertes violentas, la falta de acceso a medicamentos o a atención médica, edema pulmonar, infartos, infección en pulmones, accidentes cerebrovasculares y otros.
En cuanto a la temporalidad de los eventos denunciados, cerca del 67% ocurrió en los primeros tres meses del régimen -lo cual coincide con el período de mayor intensidad de detenciones y el colapso del sistema carcelario- y a partir de julio se dio una reducción considerable de eventos, con un alza en enero de 2023; esto según el monitoreo del SSP.
Las cifras revelan que en abril de 2022 fallecieron cinco personas; en mayo, 19; en junio, 44; en julio, seis; en agosto cuatro; en septiembre dos; en octubre tres; en noviembre, una; en diciembre, dos; en enero de 2023, nueve; en febrero, tres; y en marzo una; según registró el SSPAS.
La misma institución establece que las muertes bajo custodia en el régimen de excepción ocurrieron en su mayoría en el Centro Penal de Izalco, con 52 casos, 19 en el Centro Penal La Esperanza (también conocido como Mariona); seis se registraron en el Centro Penal de Quezaltepeque, tres en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas, dos en la Granja Penitenciaria de Santa Ana, dos en El Penalito, uno en el puesto policial de Moncagua, una en la Granja Penitenciaria de Zacatecoluca, una en el Centro Penal de Usulután, una en la delegación de Sensuntepeque y una en la delegación de Santa Ana. No se tiene registro de ocho casos.
Sin apego a la legalidad
Las instituciones señalan que tanto la Constitución de la República, la jurisprudencia constitucional, y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos disponen que en una situación de estado de excepción es necesario mantener activas las garantías de control y de revisión de la actuación Estatal, tanto en las jurisdicciones ordinarias como en otras de la justicia constitucional.
Pero, en el contexto del régimen, la “falta de independencia o alineamiento de las instituciones estatales al liderazgo político en el Ejecutivo” se traduce en una “limitada o nula” capacidad de las instituciones para proteger los derechos de la ciudadanía.
El ejemplo con el que lo sustentan, es el caso de la Sala de lo Constitucional, que ante las peticiones de los Hábeas Corpus interpuestos por personas detenidas o sus familiares, de 4,012 procesos iniciados entre marzo de 2022 a enero de 2023, solo el 1% fue declarado a lugar, mientras que el resto seguía siendo tramitado sin respuesta.