Congresistas y senadores enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas en la que solicitan al gobierno de ese país redesignar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para población de El Salvador y Honduras.
En el documento, firmado por 118 legisladores, según consignó la agencia EFE, señalan que “ya no es seguro para los cuidadanos (de ambos países) el retorno en este momento, debido a graves daños ambientales causados por huracanes y catástrofes relacionadas al cambio climático”.
Consideran que otra de las razones que hace peligroso el retorno de los tepesianos son “las violaciones a los derechos humanos y las constantes crisis políticas exacerbadas por la pandemia del covid-19” en El Salvador y Honduras.
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En el caso de El Salvador, consideran que el país ha sufrido una severa inseguridad, y la posterior represión del gobierno, con la implementación desde hace un año del régimen de excepción, lo que ha resultado en discriminación y violaciones de los derechos humanos, escenarios que “amenazan la vida cotidiana de los salvadoreños”.
Los congresistas se refieren además al informe de país 2022 sobre prácticas de derechos humanos para El Salvador del Departamento de Estado de EE. UU., el cual registra importantes violaciones en esta materia.
“En particular, la implementación por parte del gobierno del estado de excepción, un estado de excepción continuo y de un año de duración que se renueva mensualmente, provocó desapariciones masivas y el encarcelamiento de 2 por ciento de la población, y amenazó la capacidad de las comunidades para prosperar económicamente”, manifiesta la rúbrica.
Los firmantes señalan que, desde la implementación del estado de excepción, los funcionarios de seguridad en El Salvador han cometido violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tortura, trato inhumano y muerte bajo custodia, específicamente contra jóvenes de barrios pobres.
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Recuerdan además la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2022 nombró a El Salvador el país latinoamericano más peligroso para las mujeres, con el reporte del mayor número de asesinatos en Latinoamérica y el Caribe.
“Cada una de estas violaciones de derechos humanos significa que los salvadoreños que viven fuera del país no pueden regresar al país de manera segura en este momento”, acotan.
Entre los firmantes está la legisladora demócrata, de origen guatemalteco, Norma Torres, quien ha sido crítica de las polícas del gobierno de Nayib Bukele. Además figuran nombres como Joaquín Castro, Tim Kaine, Gregory Meeks, Catherine Cortez, Bernard Sanders, James McGovern, Alexandria Ocasio-Cortez y Robert Menéndez, entre otros.
Según datos del gobierno de Estados Unidos, 251,500 salvadoreños están bajo el TPS en la nación norteamericana.
En noviembre de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una extensión del TPS por 18 meses más para El Salvador, Honduras Haití, Nicaragua, Sudán y Nepal. Esta permanece vigente hasta el 30 de junio de 2024.