La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró como “improponible” la demanda interpuesta contra la Corte de Cuentas de la República (CCR) y su departamento de participación ciudadana, por parte de integrantes de Cristosal para que el organismo investigara el uso de fondos públicos salvadoreños en la compra del software de espionaje.
La dependencia de la CCR rechazó la petición justificando que las decisiones “impugnadas y atribuidas a tales autoridades no constituían actos materialmente administrativos” para la CCR.
“En El Salvador los ciudadanos cada vez tenemos menos derechos. Te pueden hasta espiar usando fondos públicos y según las instituciones de control como la Corte de Cuentas de la República no hay ni que investigar; incluso, la Sala de lo Contencioso Administrativo nos notificó que la fiscalización de los fondos públicos no está relacionada con los Derechos Humanos”, cuestionó Ruth Eleonora López, integrante de Cristosal y demandante.
La resolución fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo el 29 de marzo de 2023.
“Si no hay transparencia y las instituciones de control no hace su trabajo hay corrupción y esta vulnera tus derechos”, agregó López.
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Fue el 8 de febrero de 2022 cuando los integrantes de Cristosal, López y Jonathan Sisco, interpusieron un escrito ante el departamento de la corte de la CCR registrado como una denuncia, mediante el cual requirieron que la institución activase sus facultades constitucionales y legales y corroborara si se utilizaron fondos públicos para la adquisición del denominado software spyware Pegasus o si se contrataron los servicios de la sociedad mercantil NSO Club technologies LTD.
Pegasus es un software que permite navegar libremente por móviles accediendo a sus archivos, contactos y demás sin tener contexto con el o los dispositivos, que se desarrolla en Israel. Por tanto el acceso a dichos servicios permite el espionaje.
Casos de espionaje fueron advertidos por dispositivos móviles de diversos periodistas y otras personas de la sociedad civil para 2022, y según la compañía, el servicio suele venderse a gobiernos de países para temas de “seguridad”.
"En enero, periodistas, defensores, y defensoras de derechos humanos denunciaron el uso de Pegasus en sus teléfonos, es decir que sus aparatos fueron infectados para que un tercero tuviese acceso a sus mensajes, correos electrónicos, fotos, videos, micrófonos, cámaras, llamadas, y contactos telefónicos. Esto fue confirmado por una investigación conjunta de cuatro organizaciones internacionales", demandó Cristosal al presentar la demanda.
El proceso
Acorde al documento oficial de la Resolución, la solicitud de la fiscalización ha pasado por varias etapas antes de haber sido rechazada por la Sala de lo Constitucional.
El 8 de febrero de 2022 dos abogados de Cristosal interpusieron la demanda en la CCR.
Un mes después, exactamente el 10 de febrero, el Departamento de Participación Ciudadana de la CCR declaró improcedente la petición porque "no corresponden a las atribuciones que por ley tiene conferido este ente de control fiscal externo".
Para mayo, la CCR confirmó la decisión del Departamento de Participación Ciudadana de la CCR ante una apelación. Pero, 19 de julio, los demandantes interpusieron una demanda contencioso administrativa contra el Departamento de Participación Ciudadana de la CCR y contra la misma CCR.
Para el 17 de octubre, la Cámara Segunda de lo Contencioso Administrativo declaró “improponible” la demanda porque las decisiones no son "actos materialmente administrativos".
Los riesgos
Según el experto en derechos humanos y demandante, Jonathan Sisco, esta clase de situaciones deja un precedente para que continúe el espionaje por parte del gobierno.
El Estado de El Salvador es responsable de las violaciones que se ocasionan mediante actos de espionaje ilegal contra periodistas, personas que se dedican a la defensa de los Derechos Humanos, líderes de organizaciones de la Sociedad Civil. Con este precedente se deja abierta la puerta para que el Estado siga permitiendo el espionaje. Hay herramientas que se diseñaron para investigar al crimen organizado, pero todo indica que el Estado utiliza esas herramientas para espiar a sus ciudadanos, mientras altos dirigentes de las pandillas aparecen en Guatemala o México, de forma inexplicable", explicó a este medio.