Este martes 4 de abril se cumplen 24 años desde el asesinato, y los otros crímenes, en contra de la menor de nueve años Katya Miranda, en una playa de La Paz.
Fue precisamente el Sábado de Gloria en 1999 cuando en la playa Los Blancos, fue violada y asesinada.
En el lugar estaban Edwin Miranda, padre de Katya y miembro del Estado Mayor Presidencial de Armando Calderón Sol, y Godofredo Miranda, quien para entonces era el subjefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil.
El caso ha sido ejemplo de la impunidad en el sistema judicial del país. Si bien reportes de 1999 y del 2000 apuntan a que el forense reconoció en el cuerpo señales de violación, la escena del crimen fue descuidada y, por lo tanto, terminó contaminada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que las autoridades no establecieron un perímetro alrededor del cuerpo de la niña que se encontraba en la playa.
Así también, las prendas que se usaban ese día iban a ser analizadas por el área de investigaciones policiales, pero estas aparecieron lavadas y sin oportunidad de encontrar evidencias de ADN.
Para entonces, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos reconoció negligencia por parte del Estado para el debido proceso de investigación del caso.
“El actuar negligente de la Fiscalía y la Policía afectó irreparablemente el desarrollo de la investigación del homicidio y violación de la menor Katya Miranda, dado que la inspección ocular en la escena del delito constituye un pilar fundamental de la investigación, ya que en la misma se recaban las primeras evidencias tendientes a identificar o individualizar al autor o autores del ilícito y además, dicha diligencia es un acto irreproducible”, se pronunció la procuraduría el 18 de octubre del 2000.
El abuelo, uno de los principales sospechosos de los crímenes, murió en libertad en 2018. Fue la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia la que emitió un fallo absolutorio exonerándolo de cualquier delito relacionado al caso.
En junio de 2019, a cuatro días en el poder, Nayib Bukele removió a Godofredo Miranda de la subdirección de áreas especializadas. Sin embargo, en abril de 2020 fue nombrado como jefe de la División de Seguridad Fronteriza.
El caso de Katya Miranda ha sido un ejemplo, de muchos, de la impunidad en la que el Estado salvadoreño ha incurrido. Para Oscar Picardo Joao, hay una serie de deudas históricas en El Salvador.
En esta lista hay dos tipos de deudas históricas no saldadas: a) Magnicidios impunes; y b) Factores que afectan o frenan el bienestar (social, económico, cultural, medioambiental y político).
En esta lista están los asesinatos de Roque Dalton (1975), Roberto Poma (1977), Rutilio Grande (1977), Carlos Alfaro Castillo (1977), Fujio Matsumoto (1978), monseñor Oscar Arnulfo Romero (1980), las hermanas Maryknoll (1980), Félix Ulloa (1980), Herberth Anaya (1987) y el de Katya Miranda; y las masacres de el Sumpul (1980), El Mozote (1981), la de la Zona Rosa (1985), la de FENASTRAS (1989) y la de los padres Jesuitas y sus colaboradoras en la UCA (1989) , entre otros.