El abogado José Marinero afirma que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) fue “cómplice” de la expulsión de El Salvador en la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés).
De hecho, considera que fue una “decisión política” del gobierno de Nayib Bukele, de incumplir con los estándares que exige esa organización, “no por olvido”, sino para que lo sacaran de un organismo que fomenta la transparencia, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, entre otros principios, que identifican a países democráticos.
Curiosamente, el IAIP que, según Marinero, formó parte de la estrategia gubernamental para ser excluido de la Alianza para un Gobierno Abierto, es el fruto de las acciones a las que El Salvador se comprometió en gobiernos anteriores al unirse a la OGP.
Marinero reconoce que aunque inició “a regaña dientes”, se abrió la puerta al acceso a la información pública, uno de los requisitos que la Alianza exige a los países para ser miembros activos.
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¿Por qué el Instituto de Acceso a la Información tuvo que ver con la expulsión? Según Marinero, el año pasado, tras los avisos que la Alianza envió a El Salvador sobre su inactividad de presentar los planes de acción de gobierno abierto en 2021 y 2022; el Ejecutivo mandó una carta a la organización informando que el nuevo responsable del Estado salvadoreño ante la Alianza sería el IAIP, incluso, la sociedad civil también remitió una misiva y se puso a disposición un foro de consulta, pero nunca cumplieron.
“Allí se puede ver lo alineado que está el Instituto de Acceso a la Información Pública con el gobierno, el IAIP no movió ni un dedo para activar el proceso del plan de acción para permanecer en la OGP (Alianza), podríamos afirmar que el IAIP es cómplice en la salida del país de la Alianza para el Gobierno Abierto”, recalcó Marinero.
Gobierno cierra espacios
Si bien la implementación de la Ley de Acceso a la Información, de la cual es regente el IAIP, tuvo un enorme impacto en El Salvador, al revelar graves casos de corrupción de expresidentes en gobiernos anteriores, estos espacios aunque siguen existiendo, ya no representan un canal abierto a la ciudadanía, objetivo para el cual fue creada la ley.
Las instituciones del gobierno se han valido de algunos vacíos que tiene la normativa para declarar reservas de información hasta por 7 años, de datos que deberían ser públicos.
“Varios compromisos en el marco de OGP (Alianza para un Gobierno Abierto) contribuyeron a desarrollar el acceso a la información en el país, se habilitaron oficinas de información y respuesta que, aunque aún existen, ya no brindan información como antes; se crearon portales con información pública sobre empleos y sobre presupuesto; el primero ya no existe y, el segundo, tiene cada vez menos información detallada. Son espacios que desde hace mucho se cerraron y ni siquiera interesa (al gobierno) mantenerlos”, aseveró Jessica Estrada, Directora de Área de Transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).
En El Salvador, las palabras “transparencia”, “rendición de cuentas” y “combate a la corrupción”, pareciera que pasan a un segundo plano para la ciudadanía, quien poca o nada importancia presta a este tipo de situaciones, dice el abogado Mauricio Maravilla, siendo este aspecto del que se vale el gobierno, a menos de que se trate de la “corrupción de otros”.
“Ojalá la gente entendiera que la democracia no se agota con el hecho de votar en una elección, que la democracia también implica rendición de cuentas sobre el uso del dinero público y de las decisiones que adopta el gobierno, además de la existencia de controles institucionales. Ningún gobierno que sea decente le teme a la transparencia”, aseveró Maravilla.
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Se confirma el “autoritarismo”
El desplante que el gobierno de Bukele hizo a la Alianza para un Gobierno Abierto tiene “graves” consecuencias para El Salvador, dice también el exembajador de El Salvador ante las Naciones Unidas y ante Estados Unidos, Rubén Zamora, esto a pesar de que Bukele ha demostrado una actitud reiterada de que las opiniones y recomendaciones de organismos internacionales, le tienen sin cuidado.
“Llegaron a esa conclusión (la Alianza), dicen: le dimos tiempo, le dimos plazo, no cumplió: ‘fuera’, porque entonces para ellos (gobierno salvadoreño), la organización no vale nada”, razonó Zamora.
Señala que El Salvador se aísla y está provocando un cerco ante los 75 países que integran la Alianza, quienes están fuera de ella, son naciones reconocidas internacionalmente por su corte “autoritario”, debido a que no comparten los principios democráticos, entre ellos, Venezuela, Cuba y Nicaragua.
La expulsión de El Salvador de la lista de países que buscan ser un gobierno abierto a sus ciudadanos puede tener repercusiones de gran dimensión, que podría incidir en acuerdos respecto al país de organismos como las Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otros, advierte Zamora.
“El problema es que podemos llegar a un momento en que comiencen a ponernos castigos, yo no creo en estos castigos, porque en definitiva, es el pueblo el que sale más perjudicado de todo esto. Allí es donde empezamos a sufrir, lo último que hemos leído es que Estados Unidos está estudiando sacar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, eso es gravísimo, porque es un nivel muy alto, pero eso también nos va a afectar a nosotros. Yo creo que si la dictadura de (Daniel) Ortega tiene que salir, nuestra tarea es que no lleguemos a eso”, recomendó el exdiplomático.
Para Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, habría una especie de “sanción moral” en contra de El Salvador, por parte de la comunidad internacional, reconociéndolo como un gobierno que no quiere ser transparente ni combatir la corrupción.
En el ámbito económico, Escobar considera que las repercusiones dependerán de la institución multilateral a la que el gobierno acuda por un crédito, por ejemplo, y las condiciones que le establezcan para acceder al mismo.
“Podría significar algún tipo de dificultad o de reparo para aprobar créditos para El Salvador, pero depende del tipo de requisito que establezca cada institución multilateral, por ejemplo, el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) no le importa nada de la transparencia y le da fondos a El Salvador sin reparos”, argumentó.