A un año de la implementación del régimen de excepción, lo único que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha hecho público referente a la población penitenciaria en El Salvador es la captura de más de 65,000 personas que han ingresado a un sistema que ya era cuestionado por su hacinamiento. Dentro de esa cifra, uno de los grupos poblacionales más vulnerables y escasamente atendidos es el de las mujeres, cuyo impacto es perceptible tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios.
El Diario de Hoy tuvo acceso a una entrevista con una persona que, por seguridad, prefirió hablar desde el anonimato pero que cuenta con permiso institucional para ingresar a uno de los centros penales más grandes de El Salvador. Relata que dentro de las cárceles, las personas privadas de libertad no viven en espacios salubres.
Ello se traduce en consecuencias para la salud de las personas detenidas, algo a lo que las mujeres biológicamente son más vulnerables, exponiéndose a enfermedades por falta de productos de aseo personal y una adecuada higiene.
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Alejandra Burgos, representante de la Red Salvadoreña de Defensoras, dijo a El Diario de Hoy que la situación carcelaria en El Salvador siempre ha sido alarmante, desde antes de que se implementara el régimen de excepción.
“Ahora estamos en un proceso preocupante porque incluso los derechos fundamentales están siendo afectados y cuando se trata de un grupo poblacional como la mujeres, que históricamente hemos vivido una violencia machista, lo que vemos es una profundización de estos patrones”, explicó.
Agregó que desde las organizaciones que han acompañado procesos penales, como los de mujeres que han sufrido violencias obstétricas, y durante este periodo, lamentablemente no han tenido acceso a constatar su condición de salud. “Las familias necesitan conocer cuál es la situación de sus familiares y su salud”, afirmó.
El relato de la persona que tiene acceso a los centros penales detalla que dentro de prisión, las mujeres no tienen espacios de privacidad, donde puedan bañarse y cuidar sus cuerpos desde la intimidad. Además, las mujeres tienen que recurrir a otros productos como toallas sanitarias, en lugar de papel higiénico, cuando van al servicio sanitario. Tienen solo una cubeta con agua que les sirve para bañarse pero también para lavar su ropa.
Sonia de Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso, apuntó que la situación de las mujeres en los centros penitenciarios no es mejor que hace un tiempo. “Es muy preocupante la decisión de desinstalar la cárcel de mujeres, y que estas hayan sido redistribuidas en varios centros alrededor del país, posiblemente sin las condiciones mínimas y básicas para garantizar sus derechos”, destacó.
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Que no exista transparencia en las medidas implementadas por el gobierno de Nayib Bukele, para Sonia, impide tener certeza sobre qué mecanismos de protección y separación están utilizando, “ya que como principio general, durante la privación de libertad, las mujeres deben estar separadas de los hombres; así como, los niños y niñas de las personas adultas, y, las personas no procesadas de las condenadas”, agregó.
Según el relato obtenido por El Diario de Hoy, dentro de los centros penitenciarios todos y todas son tratados de la misma manera, incluso aquellas personas que necesitan de cuidados especiales y consultas médicas periódicas como mujeres embarazadas. Las mujeres gestantes no tienen una alimentación adecuada para el momento de sus vidas en el que se encuentran, y tampoco atención a servicios de salud que les permitan monitorear el estado de sus embarazos.
Sonia comentó que existe una normativa internacional específica para garantizar los derechos de las mujeres privadas de libertad. “Estas establecen la obligación que los Estados cuenten con recintos penitenciarios con instalaciones mínimas y artículos básicos para satisfacer las necesidades de higiene propias de ser mujer, desde toallas sanitarias gratuitas o el suministro de agua permanente para el cuidado personal de mujeres embarazadas, en período de lactancia o menstruación”, explicó.
En ese sentido, para Alejandra Burgos, representante de la Red de Defensoras, no es coherente que el Estado diga estar a favor de la vida cuando no existe un cuidado integral a los embarazos de las mujeres privadas de libertad. “El Estado salvadoreño, que se hace llamar a favor de la vida y que, históricamente, ha sostenido la posición de estar en contra de la interrupción ilegal del embarazo, es el mismo que no está garantizando que estos no se lleven a buen término”, declaró.
Entre los aspectos más preocupantes para la persona que ingresa a los centros penales, está la cantidad de mujeres adultas mayores que hay dentro de la cárcel y que tienen padecimientos graves para los que no reciben un tratamiento ni consultas médicas. Ha conocido de varios casos de ancianas que murieron dentro sin recibir atención especial, otras que se desmayan y tienen problemas de desnutrición pero continúan sin ser tratadas por un profesional.
La restricción de libertad de las mujeres fuera de los centros penales
Según las especialistas, existe una crisis de cuidados porque han sido las mujeres quienes siguen al frente del régimen de excepción. Son ellas quienes se han convertido en proveedoras y cuidadoras de quienes están dentro de un centro penal pero también de sus familias. Sonia de Rubio explicó que los efectos de las políticas públicas violatorias de derechos humanos, como el régimen de excepción, nunca son neutrales en materia de género. “Desafortunadamente, está bien documentado el desproporcionado impacto para la situación de las mujeres bajo esta coyuntura, en especial en sus derechos humanos. Lo peor es que, este impacto es desatendido y directamente ignorado por el Estado”.
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Los últimos 12 meses han probado que son las mujeres las que han asumido el cuidado y la protección de la familia, que se extiende al estar haciéndose cargo de nietos, sobrinos e incluso hasta hijos o hijas de vecinos; pero, también son ellas las que se movilizan para proveer de los recursos necesarios a la persona detenida, de los que no se tiene certeza si son entregados. Sonia destacó que, a su vez, son ellas las que tocan todas las puertas institucionales necesarias en búsqueda de justicia para su familiar detenido.
Las especialistas coinciden en que el régimen de excepción incrementó la violencia de género. Las mujeres también han seguido expuestas al acoso, feminicidios, violencia sexual y otras expresiones de violencia contra la mujer, que en muchas ocasiones vienen desde agentes y funcionarios del gobierno.