El exmagistrado Sidney Blanco denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington DC, que la justicia salvadoreña ha sido “denigrada y destruida” por el gobierno de Nayib Bukele.
“En El Salvador la independencia judicial ha sido denigrada y destruida por el presidente de la República y por la Asamblea Legislativa en complicidad con la Corte Suprema de Justicia desde 2021”, declaró Blanco, que ejerció la carrera judicial durante 25 años y cuya intervención ha sido difundida ampliamente en las redes sociales.
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La CIDH, con sede en la capital de los Estados Unidos, es un órgano jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA en esa materia.
Ante el cuerpo de comisionados de esa instancia, el exmagistrado Blanco reflexionó que “la falta de independencia judicial no sólo afecta a quienes ejercen la judicatura, sino que destruye la democracia y normaliza las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.
En seguida reseñó que en mayo de 2021 “la actual Asamblea Legislativa destituyó sorpresivamente y sin derecho a la defensa ni imputaciones específicas, a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. Inmediatamente nombró sustitutos que han nombrado fidelidad y lealtad a las políticas gubernamentales y legislativas”.
El siguiente paso fue reformar en septiembre de 2021 la Ley de la Carrera Judicial para ordenar el cese inmediato de jueces y juezas de 60 años de edad o más, lo cual violó los derechos a la seguridad jurídica, a la dignidad y derechos contenidos en la Convención Interamericana sobre la protección de las personas mayores como el derecho a no ser discriminado y el derecho al trabajo.
Él mismo fue cesado bajo el argumento de que había cumplido 60 años de edad.
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Como consecuencia de estas medidas, señaló con vehemencia, actualmente “no hay control judicial efectivo sobre los actos del poder político”.
Mientras tanto, prosiguió el jurista, la Asamblea Legislativa “ha emitido leyes contrarias a los estándares del sistema interamericano, como las que regulan los jueces sin rostro, juzgamiento en ausencia, indeterminación de un plazo razonable para la prisión preventiva, jueces ad hoc, entre otros”.
En este punto, recordó que desde hace un año está vigente el régimen de excepción, que ha llevado a la detención de 65,000 personas y aunque se han presentado masivas demandas de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, “ésta no emite pronunciamientos o simplemente las rechaza” y muy pocos jueces se atreven a emitir resoluciones que garanticen derechos de las personas.
Con contundencia, Blanco señaló que la Corte Suprema de Justicia ha desnaturalizado los procesos de elección de jueces y ha nombrado a muchos sin seguir los procedimientos legales, ha decretado reserva u ocultado la información de los nombramientos y las hojas de vida de los funcionarios que está colocando. También ha realizado traslados arbitrarios de jueces y juezas bajo criterios de premios y castigos, “en atención a lealtades, opiniones o actitudes de los funcionarios”.
El exmagistrado explicó que los jueces no se atreven a aplicar los controles judiciales y garantías constitucionales “por temor a represalias”.
“Los jueces y juezas en El Salvador tienen miedo a expresarse libremente, a ser destituidos, trasladados arbitrariamente, procesados penal o disciplinariamente por ejercer el cargo con independencia y a ser vistos en compañía de colegas valientes que continúan desafiando al poder político que aplasta y destruye el Estado de Derecho”, remarcó.
Blanco agregó que la Corte Suprema de Justicia ha aplicado un “humillante régimen de disponibilidad” para jueces y juezas mayores de 60 años, que consiste en que no obstante haber trabajado por muchos años en la carrera judicial, ahora los contratan temporalmente, lo cual contraviene la Constitución de la República.
El exjuez de carrera también denunció que la Corte “ha exhortado ilegalmente a jueces y juezas” a renunciar antes de la vigencia de la ley que ordenó el cese, a cambio de dinero. “Soy uno de los cuatro jueces que no renunciamos al cargo a cambio de dinero ni solicitamos a la Corte Suprema de Justicia continuar bajo ese humillante régimen de disponibilidad. Fui literalmente cesado tras 25 años de carrera judicial por haber cumplido 60 años de edad”, recalcó.