La falta de independencia judicial en El Salvador ha provocado que aumenten los abusos y violaciones a los derechos humanos de los salvadoreños. Esto, según expertos, se ha evidenciado desde el 1 de mayo de 2021, cuando Nuevas Ideas y sus aliados iniciaron el desmantelamiento del sistema democrático con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
En ese sentido, abogados denuncian que los jueces del país estarían siendo presionados por funcionarios del gobierno de Nayib Bukele y que la ciudadanía no cuenta con las garantías de que sus casos se resuelvan con base a las pruebas existentes.
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Esto lo afirmaron especialistas en derecho luego de conocer los fuertes señalamientos que hace en su informe el Departamento de Estados de los Estados Unidos, en el que documenta arrestos arbitrarios, invasión de hogares, procedimientos judiciales injustos y muertes de detenidos en las prisiones durante el régimen de excepción, que se ejecuta en el país desde marzo de 2022.
Al respecto, Otto Flores, representante de la organización “Los siempre sospechosos de todo”, enfatizó que en sus funciones como abogado defensor no se le está permitiendo revisar el informe de inteligencia policial que justifique las capturas. “Eso nos demuestra claramente que ya no existe independencia judicial, sino que al parecer, los jueces están siendo presionados para dar resoluciones a favor de la opinión política y fuera de los criterios jurídicos”, afirmó.
De igual manera opinó la representante de la Fundación Internacional para el Debido Proceso, Sonia de Rubio, quien señaló que el hecho de que el régimen de excepción, como “política estrella de este gobierno”, supone el falso dilema de seguridad versus violación de derechos humanos. “Es algo que la experiencia internacional ha demostrado que no es sostenible y que, además, es falsa, porque no es posible construir seguridad a costa de graves vulneraciones a derechos humanos”, dijo.
A juicio de la abogada de la Fundación del Debido Proceso, es “realmente grave” lo que está sucediendo en el país, pero “lo más triste de todo es la falta de independencia judicial e incluso de otras organizaciones contraloras del poder público”. Esto en referencia al rol que juega actualmente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Fiscalía General.
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“Que (estas entidades) estén actualmente cooptadas y que respondan prácticamente a la misma élite que nos está gobernando significa que el estado de derecho en El Salvador ha sido totalmente desmantelado”, apuntó de Rubio.
Por su parte, el abogado y comunicador Mauricio Maravilla consideró que los señalamientos del informe del Departamento de los EE.UU. son importantes, porque se suman a los realizados por organismos nacionales e internacionales que, con base en la evidencia que han recabado, “ponen el foco en diferentes violaciones a los derechos humanos, abusos de autoridad por parte del gobierno, así como de una serie de medidas que son preocupantes”.
El abogado enfatizó en la comprometida independencia judicial del país que, a su juicio, es producto de la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y de las reformas a la Ley Orgánica Judicial, con la purga de jueces lograda mediante el decreto legislativo 144 aprobado en septiembre de 2021.
“El oficialismo aseguró su influencia en la judicatura”, apuntó Maravilla, y explicó que esto se puede ver reflejado en el nombramiento y traslado de jueces de manera arbitraria, pese a que esto signifique una violación flagrante a la independencia judicial que es básica en cualquier sistema democrático.
Ante este panorama de constantes violaciones a derechos humanos, el abogado recalcó que la independencia judicial, más que una garantía de los jueces, es para los ciudadanos, a quienes se les garantiza contar con personas en la judicatura que resolverán los litigios con base en las pruebas presentadas por las partes y libres de toda presión. Y no “como la (presión) que hoy ejerce el presidente (Bukele) y sus funcionarios de manera indebida”, reprochó.
En concreto, Maravilla denunció que hay jueces que han sido trasladados a otras sedes judiciales apenas unas horas después de resolver casos en los que hay un interés del oficialismo o por señalamientos del presidente en sus redes sociales. Esto, a su juicio, “es inaceptable”.
En esa misma dirección, el especialista señaló que, en la práctica, se han anulado las competencias del Consejo Nacional de Judicatura (CNJ) en cuanto a las propuestas para el nombramiento de jueces, y esto ahora se hace sin criterios claros por parte de la Corte Suprema.
El comunicador señaló que a todo esto se le suma que la actual Asamblea Legislativa se ha caracterizado por una “hiperactividad o Hiper-productividad legislativa” que consiste en la aprobación de decretos con nuevas leyes y reformas a las actuales, de manera acelerada e inconsulta.