El Salvador vive bajo un régimen permanente de supresión de algunas garantías constitucionales que, según expertos, se asienta en las diferentes reformas a la legislación penal que paralelamente han ido aprobando los diputados de Nayib Bukele al prorrogar la vigencia del régimen de excepción desde hace casi un año.
En ese sentido, especialistas señalan que el órgano legislativo es el responsable de crear las condiciones para que se sigan ejecutando constantemente las violaciones a los derechos humanos de los salvadoreños.
Esto en relación al reciente informe de los Estados Unidos donde se señalan “numerosos reportes” de arrestos arbitrarios, procesos judiciales injustos, desapariciones y muertes a mano de las fuerzas del orden de El Salvador desde que se implementó el Estado de excepción.
Al respecto, Celia Medrano, defensora de derechos humanos, manifestó que “en realidad debe desistirse de seguir hablando de régimen de excepción en el país, puesto que de excepcionalidad ya no tiene nada”. “Si es un régimen, pero no es un régimen de excepción”, recalcó.
De hecho, Medrano destacó que dicho informe “no profundiza en que actualmente se han construido las condiciones para mantener permanentemente la estructura legal y operativa que sostiene estas violaciones y garantiza la impunidad de quienes son responsables desde una política de Estado de violar derechos humanos”.
Por su parte, el abogado y comunicador, Mauricio Maravilla, hizo énfasis en la comprometida independencia judicial y en las reformas en materia penal que se han registrado en el último año.
Sobre el segundo punto, manifestó que la actual Asamblea Legislativa se ha caracterizado por una “hiperactividad o hiperproductividad legislativa”. Esto en referencia a la aprobación de decretos con nuevas leyes y reformas a las actuales, “de manera acelerada e inconsulta”. “Esto es grave porque están propiciando una reingeniería del ordenamiento jurídico salvadoreño que no sabemos hacia dónde nos está llevando”, advirtió.
En esa dirección, el abogado remarcó que desde el 27 de marzo del año pasado, que entró en vigente el Régimen de Excepción, solo en materia penal se han registrado cerca de 20 reformas, que básicamente “han dado viabilidad al régimen de suspensión de derechos”.
A su juicio, tales enmiendas están preparando las condiciones para que, si el estado de excepción deja de estar vigente, “la legislación secundaria propicie condiciones similares a las del régimen”.
Como ejemplo mencionó las reformas a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT), que abren la posibilidad a intervenir la comunicación privada de cualquier persona al cambiar los requisitos de la solicitud de intervención.