Nuestra Constitución proclama que “todos los hombres son iguales ante la ley” y los funcionarios públicos, al tomar posesión de su cargo, juran cumplirla, “que la Patria os premie, y si no, os lo demande”. El día, que más temprano que tarde recuperemos la Democracia, será larga la lista de perjuros que enfrentarán el juicio de la historia.
El día de la toma de posesión de Bukele, los miembros del ejército juraron lealtad a él y no a la Constitución, lo que ha repetido el Ministro de Defensa, para honrar a su jefe. En entrevistas de radio y TV, los funcionarios justifican sus actividades porque aquí la ley se cumple, aunque han cubierto con una reserva de hasta 7 años, toda la información que les conviene tapar. ¿Cómo pueden exigir a los ciudadanos que cumplan la ley, si ellos no dan el ejemplo?
El camino para la reelección de Bukele está empedrado de ilegalidades, que chocan explícitamente con los mandatos constitucionales. El pobre vicepresidente no ha dudado en ponerse en ridículo ante la comunidad internacional, asegurando sin ninguna vergüenza, que aunque más de 5 artículos de la Constitución prohíben que el presidente se mantenga en su puesto ni un día más, Ulloa hace una interpretación grotesca sobre el término “inmediato anterior” para dinamitar las cláusulas pétreas con su descubrimiento de artículos escondidos que nadie había encontrado.
Y en un acto bochornoso, una turba de funcionarios cyan en un acto en Casa Presidencial, aclamaron vociferando el anuncio de la reelección del mandatario, que han repetido en la Asamblea Legislativa, llevando gorras alusivas, que desdicen del cargo que ocupan, pero no les importa, porque para ellos la ley es Bukele que está muy por encima de la Constitución.
En materia electoral tenemos meses de publicidad en redes sociales, anunciando los logros del GOES, la mayoría de los cuales son inexistentes, muchos como el régimen de excepción y sus consecuencias, violatorios de los derechos humanos. Propaganda adelantada por diputados y el presidente de la Asamblea Legislativa en importantes ciudades de Estados Unidos para engañar a los todavía ilusos salvadoreños de la diáspora. Los miembros del TSE como dóciles servidores inclinan la cabeza para decir que no pueden hacer nada para hacer cumplir la ley.
Quitaron todo obstáculo para lograr el triunfo cyan, al eliminar la prohibición de cambiar las reglas del proceso electoral un año antes de los comicios, para disminuir el número de diputados y los 262 municipios para lograr una mayoría legislativa, así como asignar los votos en el exterior al departamento de San Salvador. El presupuesto asignado al proceso electoral, no alcanzará para la contratación de empresas reconocidas y confiables que permitan una auditoría que asegure la transparencia de las elecciones. Y el Ministro de Hacienda no ha querido detallar qué programas o rubros sufrirán con el recorte realizado en el presupuesto presentado. La Presidenta del TSE manifiesta con humildad su conformismo, al decir que “harán lo posible con lo que Hacienda quiera otorgarles”. Ante las dudas del magistrado Olivo, el diputado de NI, Edgardo Mulato tuvo la audacia de recordarle que “nosotros un 1° de mayo cambiamos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también a un Fiscal…porque el pueblo salvadoreño nos ha dado una investidura”.
Su prepotencia no le permite darse cuenta de que está presumiendo de una gravísima falta a la ley, porque como Asamblea no pueden destituir a funcionarios de segundo grado, que han sido electos siguiendo el debido proceso, y que el voto que el pueblo les ha dado no es un cheque en blanco, sino una representación para que legislen de acuerdo a las leyes, que no han dudado en violar desde que tomaron la curul. Obvio que esta generación no llevó en bachillerato (si es que lo cursaron) la materia obligatoria de Constitución.
Maestra.