En los últimos días, el precio del Bitcoin logró alcanzar niveles a los que no llegaba desde junio del año pasado, mes en el que comenzó a consolidarse el denominado “criptoinvierno”, el cual ha mantenido al mercado de las criptomonedas hundió en un bache del que no han podido salir.
Puntualmente, hasta la tarde de ayer, el precio del criptoactivo se encontraba oscilando entre los $26,000 y $26,300, un valor bastante alto e importante si se compara con los mínimos que alcanzó en noviembre pasado, cuando incluso llegó a colocarse cerca de los $15,000.
Esta recuperación ha causado optimismo entre los inversionistas, e incluso ha generado ganancias a aquellos que decidieron invertir en los meses anteriores, cuando la criptomoneda se encontraba abajo de los $20,000.
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Sin embargo, para el caso de El Salvador, el panorama aún no es positivo en lo que respecta a obtener ganancias, pues esa alza en el precio del Bitcoin no es suficiente para compensar el fuerte gasto público que se ha realizado en la compra de miles de monedas de ese criptoactivo.
“Son fondos públicos y no deberían usarse para especular en un activo financiero. La finalidad de los fondos públicos es atender las necesidades de la población”.
rAFAEL LEMUS, Economista salvadoreño
Según los propios tuits del presidente Nayib Bukele, quien desde el 6 de septiembre de 2021 se ha encargado de anunciar las distintas compras que ha realizado, presuntamente con fondos públicos, hasta la fecha ya habría unos 2,620 bitcoins en las reservas del país, aunque esto último no puede comprobarse debido a la falta de información pública relacionada con esas compras.
Esos más de 2,600 bitcoins tienen un valor promedio de hasta $42,716 por unidad, un valor muy superior al precio que ha mantenido el criptoactivo en las últimas horas, por lo que el rendimiento de esas monedas digitales se mantiene en rojo.
Debido a esa fuerte cantidad de unidades de la criptomoneda, el monto total que se habría gastado, según el portal nayibtracker.com, que registra cada compra realizada, podría rondar los $111.9 millones provenientes del dinero público, y los cuales se sumarían a otros gastos realizados entorno a la criptomoneda.
Pese a que la propia opacidad del gobierno no permite tener el dato exacto sobre el costo que ha tenido la implementación del Bitcoin en el país, los anuncios del presidente Bukele sirven para obtener una cifra aproximada.
Según los tuits del mandatario, hasta el momento se habrían destinado unos $120 millones en la entrega del bono de hasta $30 en bono de bienvenida para los supuestos 4 millones de salvadoreños registrados en la plataforma Chivo Wallet, $150 millones en un fideicomiso para respaldar las transacciones; los $111.9 millones en la compra de bitcoins, y otras sumas desconocidas que se utilizaron tanto para desarrollar la billetera Chivo como para pagar a los promotores de esa plataforma, incluyendo la construcción de las casetas y cajeros de Chivo.
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Hay un costo de oportunidad
Los más de $111 millones que, hasta el momento, habría gastado el gobierno para comprar bitcoins tienen un valor real, según el precio del Bitcoin, de “solo” $69.4 millones, una cifra que representa una pérdida de poco más de $42 millones, algo que en ocasiones anteriores ya ha sido minimizado por el gobierno.
A mediados del año pasado, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó que el país no ha enfrentado pérdida por la compra de bitcoins porque estas monedas no se han vendido, lo que significaría que el gobierno estaría realizando la práctica conocida como hodling, que se traduce en comprar criptomonedas y mantenerlas hasta que aumenten de valor y, luego venderlas.
Sin embargo, ese dato no puede comprobarse por la falta de transparencia del gobierno y, aunque fuera así, de acuerdo con el economista Rafael Lemus, hay un costo de oportunidad intrínseco en ese gasto de fondos públicos.
Lo anterior debido a que los montos destinados en la compra de esos bitcoins podrían utilizarse para obras como escuelas u hospitales.
“La verdad es que son fondos públicos y no deberían de usarse para especular en el precio de un activo financiero. La finalidad de los fondos públicos es atender necesidades de la población. El costo de oportunidad son las obras, proyectos sociales que se dejan de realizar”, puntualiza.
